Mi nombre es Jordi Brichs Vilar. Fui menor tutelado por la administración y hoy sigo viviendo las consecuencias.

Mi paso por el sistema de protección de menores de la DGAIA (ahora DGPPIA)  no solo no me protegió… dejó consecuencias que aún arrastro.

Fui acogido junto a mi hermana en una familia que luchó durante más de 15 años por poder adoptarnos. Una familia a la que nunca se le permitió hacerlo, pese a su implicación y estabilidad.

Durante este proceso, que aún sigue abierto:

* No se realizaron los pagos a mi familia de acogida

* Parte de mi expediente desapareció

* Se produjeron errores graves relacionados con mi identidad: burocrática (biológica) y social (adoptiva) durante más de 30 años.

Hasta que, por fin, pude devolverles el lugar que merecen y llevar con orgullo su nombre y apellidos, aunque mi padre falleció antes de poder verlo.

Durante todo ese tiempo, también hubo algo que marcó profundamente la situación. En mi familia de acogida existía el miedo a alzar demasiado la voz o incomodar a DGAIA, por temor a que nos separaran y fuéramos devueltos a un centro.

Porque, en la práctica, seguíamos siendo considerados hijos del Estado, y cualquier decisión podía tomarse sin garantías reales de estabilidad.

Detrás de estos hechos, hay mucho más: Decisiones tomadas desde lo institucional, lejos de lo humano. Falta de transparencia. Y una historia que, en parte, he tenido que reconstruir por mí mismo.

No hablo desde el rencor.

Hablo desde la responsabilidad con lo más frágil de la sociedad, porque cuando un sistema falla con un menor, las consecuencias no terminan en ese momento… continúan en su vida adulta.

Hoy doy este paso para visibilizarlo.

Porque cuando la verdad se pone sobre la mesa, lo coherente no es el silencio… es asumir responsabilidades.