Testimonio de Isabel Fernández, ginecóloga. isabelfernandez.52@gmail.com

Al declarar en desamparo a miles de menores por motivos económicos y desde una moral encubierta que pretende repetir un patrón franquista anclado en el pasado que impone un modelo de familia tradicional donde la mujer madre carece de derechos fundamentales como progenitora, se cometen – a diario- todo tipo de vulneraciones, a saber :

• Destrucción del vínculo entre madre e hijo en un proceso desnaturalizado creado por el sistema.
• Retiradas de tutela y arrancamientos judiciales sin derecho a defensa, ya que la administración pública y sus componentes, cuentan con presunción de veracidad.
• Informes psicosociales basados en suposiciones, cuyo resultado arroja perfiles por completo ajenos a la realidad.
• Puntos de encuentro familiar deshumanizados, cuyo personal actúa bajo un estado policial que impide la comunicación entre madre e hijo.
• Normas establecidas tan férreas como indiscutibles, generando una angustia y desesperación superlativa que los trabajadores del sistema no contemplan.
• Estigmatización de las personas por su nivel económico, social y racial, así como todo lo relativo a la salud mental.
• Penalización de la pobreza.
• Violencia institucional y acoso judicial.
• Violencia vicaria no reconocida como tal, que se ejerce sobre más de seis mil familias españolas.
• Presencia del patriarcado cuyo poder es prácticamente ilimitado en sus formas y decisiones.
  Por tanto, y con la intención de erradicar todas las cuestiones señaladas, nos ofrecemos como voluntarias para participar en el proceso de rectificación, mejora en los protocolos, así como justicia reparadora por la integridad de las familias.
  Es necesario – y urgente- , un espacio feminista y multidisciplinar, con profesionales externos no pertenecientes al sistema, como médicos y abogados, cuyas actuaciones neutras plasmen la realidad de cada situación.

A mi hija y nieta se ha causado un gran perjuicio, negando el vínculo materno filial durante el período de lactancia. El fallo de la sanidad pública en cuanto a la atención personalizada, ha supuesto una discriminación tan flagrante como evidente.
Es necesario un análisis riguroso y profundo desde una perspectiva de género, puesto que partimos de una violencia obstétrica endémica, y un sistema en el que DGAIA discrimina tanto a las madres como a la familia materna.
Bajo ningún concepto podemos permitir que instituciones y entramados de empresas privadas, destruyan familias enteras, empezando por los niños, cuyos efectos tras una separación, son eternos.

Francia ya ha actuado al respecto: VER DOCUMENTAL AQUÍ

¿ Cuándo lo harán las instituciones catalanas?.

Según este artículo de El Confidencial , en Cataluña el número de centros de acogida se ha triplicado entre 2016 y 2020, pasando de 167 a 546. En las estadísticas, se observa que el número que crece es el de centros privados concentrados, que pasan de 156 a 535 en tan solo cuatro años. Sin embargo, la Generalitat únicamente gestiona directamente 11 centros en el territorio catalán y todo lo demás lo ha de «subcontratar».

Y sigue:

«Los 535 centros privados concertados pertenecen a un total 101 entidades diferentes que prestan este servicio de acogida, aunque de este centenar únicamente 10 de ellas concentran más del 55% de los gastos de la DGAIA».

Para pensar…