La DGAIA no admite la crítica ni que se cuestionen sus decisiones. Hasta el Colegio de Periodistas ha de recordarle que no existen evidencias del maltrato que argumentan.

¿Hasta cuando dejarán de moverse por indicios, sospechas… y lo harán por pruebas evidentes de maltrato?

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El Congreso de los diputados ha aprobado la Ley de protección a la infancia frente a la violencia, la llamada ley Rhodes. Es una buena noticia y un importante paso adelante, pero sólo el primero. Nuestro sistema de protección de la infancia y la adolescencia está muy cuestionado y necesita una reforma urgente. Esta ley aborda básicamente una de las violencias, la relacionada con los abusos sexuales. Pero no aborda, por ejemplo, la violencia institucional, la que el sistema ejerce cada día contra miles de familias a las que retiran sus hijos sin ningún tipo de control judicial. Quieren evitar un daño y generan otro todavía mayor. Hay que continuar con la reforma de nuestro sistema para hacer que de verdad ayude a las familias. Dinero hay, porque ahora un menor ingresado en un centro cuesta más de 4.000 euros al mes. Falta voluntad política para cuestionar un sistema complejo, con muchos intereses, con demasiados vicios del pasado. Ojalá esta Ley sea el primer paso para una profunda reforma del sistema.

Publicado el 19 de abril de 2021 en El Punt Avui

Publicado el 19 de abril de 2021 en el diari Ara

Publicado el 20 de abril de 2021 en El Periódico

Varias Asociaciones, entre ellas APRODEME, hemos presentado en el Congreso un documento con enmiendas a la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y Adolescencia.

Queremos acabar con el maltrato institucional que supone la retirada de menores de sus familias sin ningún derecho de defensa.

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La declaración de desamparo y por tanto la retirada de un menor de su familia se hace sin intervención judicial. Las familias no pueden defenderse ante los Servicios Sociales.

Todo ello se comenta en este artículo de El Salto, en el que APRODEME aporta sus propuestas

Otra sentencia demoledora contra el ICAA y la DGAIA en Catalunya. El Tribunal Superior de Justicia, después de años de lucha, reconoce el daño moral por las negligencias de la Administración de Menores «del todo incuestionables»
¿Quién repara el daño hecho a esta familia? ¿Qué medidas se han tomado para que no pase más? ¿Qué responsabilidades se han exigido? ¿Quién paga esos 50.000 euros de indemnización?

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