El Congreso de los diputados ha aprobado la Ley de protección a la infancia frente a la violencia, la llamada ley Rhodes. Es una buena noticia y un importante paso adelante, pero sólo el primero. Nuestro sistema de protección de la infancia y la adolescencia está muy cuestionado y necesita una reforma urgente. Esta ley aborda básicamente una de las violencias, la relacionada con los abusos sexuales. Pero no aborda, por ejemplo, la violencia institucional, la que el sistema ejerce cada día contra miles de familias a las que retiran sus hijos sin ningún tipo de control judicial. Quieren evitar un daño y generan otro todavía mayor. Hay que continuar con la reforma de nuestro sistema para hacer que de verdad ayude a las familias. Dinero hay, porque ahora un menor ingresado en un centro cuesta más de 4.000 euros al mes. Falta voluntad política para cuestionar un sistema complejo, con muchos intereses, con demasiados vicios del pasado. Ojalá esta Ley sea el primer paso para una profunda reforma del sistema.

Publicado el 19 de abril de 2021 en El Punt Avui

Publicado el 19 de abril de 2021 en el diari Ara

Publicado el 20 de abril de 2021 en El Periódico

Varias Asociaciones, entre ellas APRODEME, hemos presentado en el Congreso un documento con enmiendas a la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y Adolescencia.

Queremos acabar con el maltrato institucional que supone la retirada de menores de sus familias sin ningún derecho de defensa.

Aquí la noticia

La declaración de desamparo y por tanto la retirada de un menor de su familia se hace sin intervención judicial. Las familias no pueden defenderse ante los Servicios Sociales.

Todo ello se comenta en este artículo de El Salto, en el que APRODEME aporta sus propuestas

Otra sentencia demoledora contra el ICAA y la DGAIA en Catalunya. El Tribunal Superior de Justicia, después de años de lucha, reconoce el daño moral por las negligencias de la Administración de Menores “del todo incuestionables”
¿Quién repara el daño hecho a esta familia? ¿Qué medidas se han tomado para que no pase más? ¿Qué responsabilidades se han exigido? ¿Quién paga esos 50.000 euros de indemnización?

Aquí la noticia y detalles

El pasado 6 de noviembre de 2018 tuvimos una nueva reunión de la Asociación. Estas son algunas de las conclusiones:

• Se informó del estado de la Denuncia colectiva y del avance en los documentos que se han pedido desde Fiscalía y desde el Parlamento Europeo
• Alguna de las familias asistentes aportó documentos muy contundentes que demuestran una vez más la arbitrariedad del sistema. Estos documentos se incorporan a la denuncia colectiva.
• Como viene siendo habitual en estas reuniones, una familia acogedora manifestó su descontento con la Administración y las ganas de colaborar para cambiar el Sistema.
• Se comentaron informaciones oficiales de la gestión económica del Sistema, que evidencian las irregularidades en la contratación por parte de determinados entramados de fundaciones que gestionan, entre otras cosas, centros de menores.
• Se abordó el tema de las reclamaciones patrimoniales por daños. Varias familias están dispuestas a iniciar esta línea.
• Se comentaron varios temas relativos a los procedimientos a seguir  ante la Administración.
• Se constató la evidencia de que el Sistema de Protección está más cuestionado que nunca y por ello hemos de seguir exigiendo por todas las vías un cambio radical.

Hace unos días un programa de investigación de La Sexta repuso una serie de reportajes sobre el robo de bebés en los años 80. Ver aquí.

¿Por qué será que todo me suena demasiado? Prepotencia de los poseedores de la verdad, desprecio a las familias, mafias que trafican con menores, vidas destrozadas, encubrimiento de sectores muy poderosos de aquella sociedad…

Salvando todas las distancias y adaptado a los nuevos tiempos… ¿Cuántos doctores Vela y cuántas sor María siguen actuando hoy en nuestro sistema de protección?

Algo hemos ganado: no han tenido que pasar 40 años para que la denuncia de lo que pasa hoy sea pública. Y cada vez lo será más!

Los traumas por separar a un menor de su familia pueden “programar” a un niño de por vida, aumentando el riesgo de depresión, ansiedad y trastornos psicóticos El costo para el individuo es potencialmente muy alto. También lo es para la sociedad.

Leer el reportaje completo aquí