Menores tuteladas por la Administración han sido víctimas de redes de prostitución. Con frecuencia el análisis que escuchamos es que son casos aislados, que los centros funcionan bien y se trata de casos excepcionales que por supuesto hay que investigar. Si a esto le añadimos un mezquino oportunismo político, o el simplismo de que se necesitan más medios en los servicios de protección, el debate es incompleto y desenfocado.
Los Centros de menores deberían ser un recurso excepcional, la última de las opciones. Pero con frecuencia vemos que es justo al revés. Gracias a un sistema que permite a la Administración (no a un juez) declarar el desamparo, estos menores son llevados a un Centro en vez de dedicar todos los esfuerzos a ayudar a esa familia. Con un sistema de protección que de verdad creyera en la «prevención» la mayoría de menores no deberían ser arrancados a sus familias. Pasar unos meses, no digamos años, en un Centro tiene consecuencias gravísimas para cualquier menor.
Es lo que nos dice la experiencia de cientos de familias que no entienden por qué la Administración prefiere gastarse más de 4.000 euros al mes en su hijo llevándolo a un Centro, en vez de dedicar una parte de ese dinero a ayudar a esas familias. Centros que, encima, piden más recursos.
Nuestro sistema de protección necesita una reforma radical, para que deje de ser un sistema fuera de todo control, que tanto dolor genera y que no cumple su función de ayudar a los que más lo necesitan.
Una Asociación que trabaja por el respeto a los derechos del menor y de sus familias 