En APRODEME, la Asociación para la Defensa del Menor, estamos recibiendo muchas consultas sobre dos noticias recientes: el asesinato de dos menores en Valencia, y una propuesta del PP relativa a adopciones, y por ello queremos manifestar que:
– El bienestar de un menor siempre ha de ser lo primero. Muchas familias atraviesan por situaciones de dificultad en la vida, con problemas de todo tipo. Nos puede pasar a cualquiera. Con demasiada frecuencia la decisión de la Administración ante estas realidades es arrancar al menor de esa familia. Intentando arreglar un problema se genera otro todavía mayor.
Esto no quiere decir que no se den situaciones extremas, como la de Valencia, donde la vida o integridad física del menor está en peligro. En estos casos hay que actuar, hay que separar a ese menor de su familia y buscar una solución para el reintegro, si es viable, lo antes posible. Pero son situaciones extremas y por suerte minoritarias. Si en el caso de Valencia no se ha actuado de forma adecuada, o se ha llegado tarde, será algo a aclarar.
En España hay más de 45.000 menores bajo el sistema de protección. Por nuestra experiencia constatamos cada día que la Administración abusa de la declaración de desamparo y se excede en su afán de proteger. No protege, hace un daño irreparable a esos menores y sus familias.
Insistimos, en casos extremos hay que actuar. En todos los demás hay que prevenir y ayudar.
– La segunda noticia hace referencia a una propuesta del PP conforme las madres que den a sus hijos en adopción pueden ver retrasada su expulsión. Una barbaridad de tal calibre casi no merece ni comentario. El propio PP intenta salirse como puede del barrizal en el que se ha metido.
Más preocupante nos parece el fondo del asunto: el desprecio a los menores, el desprecio a las madres, y el desprecio a los derechos humanos. Queda evidente la urgente necesidad de reformar nuestro sistema para que no tengan cabida ideas de este tipo. Pero como organización debemos decir que las madres solteras, separadas, viudas, maltratadas, incluyendo a las mujeres inmigrantes, están sufriendo ya las retiradas, precisamente por su situación de vulnerabilidad económica y social, ya que la falta de ingresos y de apoyo familiar se utilizan como argumentos, para exponer que esos menores se encuentran en situación de desamparo, y se produce la retirada.
Pasa algo parecido al caso anterior. APRODEME entiende que lamentablemente sí hay menores cuya única salida será la adopción. Pero son situaciones muy extremas y por tanto graves, donde la incapacidad de la familia biológica ha de ser más que evidente. En cualquier caso, todas las retiradas deberían hacerse con las garantía judiciales necesarias, no como se hace ahora, por la vía administrativa.
Dos noticias inconexas aparentemente pero que nos reafirman en la necesidad de reformar nuestro sistema de protección, que hace aguas por demasiados sitios y está más cuestionado que nunca.
