Después de dos años separados injustamente de sus padres un juez ordena el retorno de estos menores. La familia reclama ahora una indemnización de un millón de euros.
¿Quién asumirá responsabilidades en la Administración? ¿Quién acabará pagando?
No es un caso aislado, cada vez hay más sentencias contra las decisiones de la Administración. Cuando es un juez el que ha de decidir, las cosas cambian…