Este artículo resume lo que muchos venimos denunciando desde hace años: descontrol financiero, desorden jurídico, precariedad en la atención a los menores, etc.

Pero falta abordar un aspecto muy importante: hay que modificar las leyes y reglamentos necesarios para que no sea una técnica o técnico, sino un juez, el que decrete el desamparo de un menor. La situación actual lleva a retiradas abusivas, injustificadas, violándose a diario muchos derechos fundamentales de los menores y sus familias.

Aunque sea un tema que parece no interesar mucho a la mayoría de entidades, fundaciones, empresas… que conforman el Sistema de Protección, es urgente abordarlo de una vez por todas.

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