El Congreso ha aprobado, después de varias legislaturas y muchos años, la nueva ley de protección de la infancia. Es una oportunidad perdida porque no se aborda uno de los principales problemas de nuestro sistema. A diferencia de lo que ocurre en los países de nuestro entorno (Italia, Francia, Portugal, Reino Unido…) o más lejanos (Canadá, EEUU, muchos países sudamericanos…), aquí un funcionario, un técnico, puede por la vía estrictamente administrativa declarar el desamparo de un menor y arrancarlo de su familia, llevándolo a un centro u a otra familia.   Sin derecho a la defensa efectiva, sin garantías judiciales de ningún tipo, sin intervención de jueces o fiscales.

El riesgo de arbitrariedad en la toma de decisiones que se basan muchas veces en sospechas, llamadas anónimas, indicios… es muy elevado, y está en la base de la gran cantidad de quejas que las familias hacen ante tanta injusticia.

En Catalunya sólo preocupaba de quién serían las competencias en temas como las adopciones y cosas por el estilo, sin entrar en el fondo del debate. Una pena.

En definitiva, una oportunidad perdida de mejorar un sistema que necesita reformas urgentes.