Transcribo aquí este artículo de Javier Mato publicado en El Mundo, que me parece un reflejo excelente de una situación por la que pasan cientos de familias:

Durante casi dos años, cada vez que detenía mi coche en el semáforo de General Riera y la calle Uruguay, observaba el extraño espectáculo de una familia acampando en la puerta de una dependencia del Consell de Mallorca. Tanto en los calurosos días de verano como en las lluviosas noches de invierno, tanto en los ajetreados días laborables como en la solitaria Nochebuena, la familia mantenía su protesta. En todo ese tiempo pude leer las incontables pancartas que se resumían en un grito desesperado de quien ruega que le devuelvan a sus hijos, cuya tutela le había retirado el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), el organismo del Consell encargado de estos asuntos. «La vida de unos padres no tiene sentido sin sus hijos» diría esta familia a la escasa prensa que se interesó por ellos. Pese a que con el tiempo la escena terminó por incorporarse al paisaje, yo nunca dejé de preguntarme si estos padres tendrían razón, porque este es uno de los pocos motivos que a mí también me habría llevado a protestar ante quien sea.

Este verano me quedé consternado al leer en este periódico una entrevista hecha a estos padres. Primero, porque nunca pensé que la decisión de retirar la tutela de los hijos fuera potestad de los funcionarios de la Administración y no de los jueces; es un simple procedimiento administrativo. Y segundo, porque el motivo para la retirada de la tutela fue una «situación económica inestable» de la que se infiere «desamparo». La familia dice que estas razones son falsas y yo, por mi parte, desconozco los hechos. Pero sí sé que el Consell ha perdido a la mayor de los hijos, que se fugó del centro donde estaba albergada. Digamos que si la Administración quita los hijos a una familia por desamparo, supongo que ahora el Consell también debería si eso es lo que entiende por amparo.

Dictaminar sobre las relaciones entre padres e hijos es muy delicado porque son asuntos tan complejos como sutiles: cada familia tiene su cultura y su historia; cada conducta tiene sus simbolismos particulares difíciles de aprehender por alguien ajeno a ese entorno, y menos a vuelapluma. Pese a ello, es evidente que hay padres a quienes es necesario retirarles la tutela de los hijos porque simplemente no tienen lo mínimo que es exigible. ¿Qué es lo mínimo? Supongo que cada uno tiene una respuesta diferente a esta pregunta, pero para mí lo mínimo es amor; lo demás es secundario. Todo lo demás. Absolutamente todo. Porque si hay amor toda otra carencia es llevadera. Incluso fortalece. Desde luego, no es una desgracia ser hijo de pobres; sí lo es vivir sin unos padres que te quieran.

Sin embargo, las familias afirman que el motivo central para la retirada de los hijos ha sido la falta de recursos. ¿No tener dinero es motivo suficiente en este país para quitarle los hijos a alguien? ¿Esto es verdad? ¿Puede un funcionario determinar que una persona ha de perder a sus hijos porque no dispone de recursos? Si esto fuera así, ¿vemos qué cerca nos encontramos de prohibir que los pobres puedan cuidar a sus hijos?

Según la Ley, en Mallorca es el Institut d’Afers Socials quien retira las tutelas de los hijos. Como todo acto administrativo, es recurrible, pero en España estos contenciosos no tienen derecho a justicia gratuita, con lo que si estas familias no tenían recursos para los hijos, menos tendrán para un juicio.

Reconozco que no me aproximo a este asunto desde la imparcialidad. No, a mí que una familia esté un año en la intemperie pidiendo que le devuelvan a sus hijos me ablanda. Entre una familia que ofrece amor sin dinero y una institución que dispone de dinero sin amor, no tengo dudas. Para mí no hay color entre amar a un hijo y que te paguen por cuidarlo, como sucede con los funcionarios. No hay color entre ser padre las veinticuatro horas, trescientos sesenta y cinco días al año, y encargarse de la formación de un niño en horario de trabajo, durante los días a la semana que toca, excluidas vacaciones y fiestas de guardar. No dudo de quienes se encargan de estos servicios, pero un padre o una madre no tienen salario ni límites en su dedicación. Un padre o una madre son capaces de estar dos años durmiendo en la calle por los hijos.

Una de las afectadas por estas retiradas de tutela cuenta que, incapaz de mantener a su hijo, acudió a la institución a pedir ayuda económica y que, en lugar de apoyarla, le retiraron los hijos. Tiempo después encontró trabajo, pero siguen sin devolverle a sus pequeños, que están en un proceso administrativo de cesión a una familia o a una institución -las cuales, paradójicamente, sí cobran por ello- para más tarde iniciar un proceso de adopción.

Yo ignoro los recovecos legales de estos asuntos, pero tengo claro que una familia que es capaz de estar casi dos años así, debe de querer a sus hijos. Más cuando no se han marchado a casa agotados, sino expulsados por una orden judicial, porque al Consell le molestaba la protesta. Curioso que una institución integrada por gentes que reivindican el derecho a la protesta general, pida a la Justicia que retire a una familia que sólo exigía pacíficamente que les devolvieran a los hijos. Curioso.

Yo siempre pensé que este conflicto acabaría cuando alguien de la institución se sentase a hablar con esa gente indefensa. En una sociedad donde todo el mundo está del lado del débil, imaginaba que esto acabaría así. Nunca creí que a la protesta pacífica se le contestaría con una orden de expulsión. O sin una revisión del asunto. Así es como ha acabado. La encargada de esta área del Consell se explicó así ante la prensa: «Estos manifestantes han intentado poner en duda el trabajo, la profesionalidad, el rigor y la credibilidad de los profesionales del área de menores». Debería haber añadido «hasta ahí podíamos llegar».

¿Es que no son profesionales en otras autonomías, donde ceden estos niños a otros miembros de las mismas familias, porque, aducen, se logran mayores índices de éxito? ¿No son los niños lo más importante? ¿No están mejor con los abuelos, los tíos o los primos?

No sé si aquí hay una injusticia, pero siento que estamos tan cerca de ello que bien merecería la pena que estos asuntos tuvieran una segunda instancia, que pudieran ser estudiados por un tercero, que se les pagara un abogado a estas víctimas para que un juez decida. La «profesionalidad, el rigor y la credibilidad» de los funcionarios no debería temer a la transparencia.

Javier Mato es periodista y profesor del CESAG.

Artículo original aquí

A raíz de un desafortunado episodio (un torero con su hija de meses toreando) se ha generado un gran debate.
Las tradiciones en este país nos llevan, en ocasiones, a cometer auténticas barbaridades y esta es una más. Poner en peligro a una menor de una forma gratuita e innecesaria no tiene justificación.
No es una buena imagen que ayude en el debate que sí es verdaderamente necesario y muy urgente: cómo protegemos a nuestros menores desde las familias, pero también desde la Administración. También desde un despacho se puede incurrir en maltrato infantil, y eso pasa demasiado a menudo. Lo vemos cada día en APRODEME.

Empecemos ya este debate para mejorar la gran cantidad de disfunciones que nuestro sistema tiene.

Escuchar aquí una intervención en Onda Cero al respecto

La asistencia a la constitución del nuevo Congreso de una diputada con su hijo ha acaparado toda la atención y ha motivado opiniones de todo  tipo. Pero sorprende que las problemáticas asociadas a los menores y a su protección no hayan estado presentes para nada en los debates políticos de las campañas electorales, ni en las elecciones  generales ni tampoco en las autonómicas catalanas.

Y esto es grave porque nuestro sistema de protección de la infancia y la adolescencia necesita reformas urgentes y profundas. Así lo demuestran los testimonios de miles de familias que sienten que la administración no cumple bien su función. Indefensión de las familias ante los técnicos de la Administración, decisiones arbitrarias y sin justificar, separaciones injustas…. En definitiva, daños  irreparables a los más débiles. Ese es el debate.

Publicado en los siguientes diarios: «El Periódico», «Ara» y «PuntAvui»  Descargar aquí: Publicaciones

Javier Pérez, de la organización Polétika, pone en evidencia que los líderes políticos no han priorizado estos años la temática de la infancia. Sorprende el dato de que en más de 1000 declaraciones de líderes políticos analizadas,  siempre esté ausente la infancia.

La infancia no interesa. Quizá por eso seguimos teniendo un sistema de protección de menores que necesita reformas urgentes y radicales.

(declaraciones a partir del minuto 2 de este video)

http://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/revista-medios/javier-perez-gonzalez-saca-conclusiones-precampana-son-mejores-programas-que-declaraciones_2015120200373.html

¿Cómo es posible tanta intransigencia? El derecho a conocer tus orígenes y tu pasado se viola cada día en este país… basta ya¡¡¡

Para pensar… y luego actuar. Extraído del blog de Consuelo García del Cid

La penalización de la pobreza está en manos de los servicios sociales. Su “multa”moral al respecto, pasa por separar a madres de sus hijos, separar incluso parejas, y cuestionar en el acto su pasado, presente y futuro inmediato. España, crisis. Sobre semejante desastre se sientan miles de personas en Bienestar social tras pedir la vez, y a partir de ese instante comienza el strep-tease vital. Cuestionarán lo que has sido, quién eres y la que te espera. Ante todo tendrás pena, para morir de miedo no mucho más tarde. Ellos, los funcionarios, psicólogos, psiquiatras, educadores, asistentes…forman un equipo conciliador que perturba en exceso. Están para ayudar, eso se entiende. Sin embargo, cuando no es suficiente un desahucio, estar parado o depender del banco de alimentos ; un embarazo puede convertirse en la peor de las condenas. La alarma social de los niños robados durante el franquismo, continúa vigente en busca de la verdad. No se contempla ese otro lado, el actual, legal y consentido, donde los hijos son arrebatados en el mismo hospital que se ha dado a luz. Jóvenes, de mediana edad, adolescentes, no importa. Salen con los puntos de sutura todavía tiernos, sin hijo y con la mirada perdida. Los motivos, tan diversos como cuestionables, podrían resumirse en uno : Pobreza.

Si no tienes dinero ni trabajo, si no cuentas con una vivienda fija, si tu familia no está dispuesta a dar la cara por tí, si –además- no estás casada ni tienes pareja de hecho; el informe de desamparo se expide con una facilidad alarmante. Sobre él ya ni siquiera estás tú, puesto que te colocan por debajo a la primera de cambio.

A partir de ese informe, la desamparada debe cumplir un protocolo que empieza por el “plan de intervención”, tras haber sido separada de su hijo, que se encuentra en manos de una familia provisional de acogida durante los primeros seis meses de vida, para pasar a un proceso de adopción no consentida a partir del séptimo. Todo legal. La madre biológica se somete a una serie de exámenes psicológicos y psiquiátricos, con su provocado –oficialmente- desequilibro a cuestas, en los que le puede ser asignada la etiqueta más vaga de cualquier transtorno. Firma y sello. Indiscutible. Ella, esa mujer desasistida tanto en lo económico como en lo emocional, tendrá que demostrar en medio año que “puede” ser madre. Con suerte, visitará a su hijo recién nacido en el “punto de encuentro” de los Servicios Sociales, previa cita y en presencia de algún educador o asistente. A la propia madre se le prohíbe terminantemente hacer fotos de su hijo y son -tan controladas como cuestionadas- incluso las palabras que dirige a su bebé, así como su aspecto físico, la longitud de su pelo, el color, sus tatuajes si los tuviere, sus aficiones, amistades, relaciones personales o íntimas, modos y formas. En sí y en suma, todo su ser.

Cuando finalmente se le deniega la guardia y custodia iniciando proceso de adopción, todos sus gritos, intentos de suicidio, tiros, agresiones, protesta o desesperación al respecto, serán resumidos en una sola palabra: Loca.

Para ello, los Servicios ya tienen preparados informes anteriores al respecto que les darán la razón ante cualquier sospecha. Todo legal. Todo cubierto. De los viejos barros, estos lodos. Que nadie se llame a engaño.

El País Semanal del 26 de abril pasado ha publicado un reportaje  titulado Una verdad que quema, sobre menores robados en la dictadura militar argentina y que posteriormente se han reencontrado con su pasado. Recoge, por ejemplo, el impresionante  testimonio de Mirta, separada de sus padres con tres años y medio a los que esperó hasta los 12 años. O el de Ignacio, o Matías, en la lucha por el derecho a conocer, por  el derecho a la identidad, por poner la verdad por encima de todo.

Hay que felicitar a la sociedad argentina por haber sido capaz de afrontar este problema. En nuestro país tenemos mucho que aprender porque todavía dudamos del potencial de las personas que buscan (hijos o padres) para superar las cosas no tan buenas del pasado. Todavía confundimos protección con ocultación de la verdad. Los testimonios del reportaje nos enseñan que nuestro sistema de protección de menores debería aprender mucho y entender que se pueden hacer las cosas de otra manera, sin causar tanto dolor innecesario.

Acceder al reportaje aquí

Hace un par de años se destapó en Castelldans (Lleida) el caso de un presunto pederasta. La Administración responsable de menores, con la supervisión y seguimiento de una Fundación, le daba jóvenes en acogimiento familiar.  Ahora, sabemos que se ha llegado a un acuerdo y se les pagará una indemnización. Asunto cerrado. No habrá investigación. Nadie  depurará las responsabilidades del Instituto Catalán de Acogimiento y Adopciones, ICAA, responsable del seguimiento de este presunto pederasta. Cientos de miles de euros de indemnización a las víctimas, y aquí no pasa nada.

Desde varias Asociaciones que trabajamos con menores pedimos que, con independencia de los acuerdos judiciales, esto no quede así. La protección de nuestra infancia desde los poderes públicos queda en entredicho. Y con eso, con nuestros menores, no se juega.

Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Una niña es arrancada de su familia y dada en adopción. Tras un largo calvario judicial y administrativo, el TEDH condena a la administración española. Habla de graves negligencias del sistema. Pero también constata que “…el paso del tiempo ha tenido como efecto hacer muy difícilmente reversible una situación que se hubiera podido enmendar con otros medios que no fueran la separación y la declaración de la niña en situación de desamparo.”

Descargar Sentencia del TEDH de Estrasburgo

Las responsabilidades en el caso del presunto robo de una nena en 1987 en la Clínica Dexeus de Barcelona serán establecidas por un juez. Pero mi preocupación es saber si hoy disponemos de los mecanismos para que estas situaciones no vuelvan a repetirse. Mi opinión, y la de cientos de familias, es que sigue dándose la impunidad en las decisiones de muchos técnicos, la falta de control y transparencia, el tratar a los menores como expedientes y no como personas. El resultado, el enfrentamiento entre familias y funcionarios, menores arrancados de su entorno sin necesidad.

En este caso, la voluntad de una hija de conocer a su madre biológica ha destapado un escándalo. ¿Cuántos siguen ocultos, y cuántos estamos generando en la actualidad?