¿Cómo es posible tanta intransigencia? El derecho a conocer tus orígenes y tu pasado se viola cada día en este país… basta ya¡¡¡
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Servicios sociales, los dueños de la situación
Para pensar… y luego actuar. Extraído del blog de Consuelo García del Cid
La penalización de la pobreza está en manos de los servicios sociales. Su “multa”moral al respecto, pasa por separar a madres de sus hijos, separar incluso parejas, y cuestionar en el acto su pasado, presente y futuro inmediato. España, crisis. Sobre semejante desastre se sientan miles de personas en Bienestar social tras pedir la vez, y a partir de ese instante comienza el strep-tease vital. Cuestionarán lo que has sido, quién eres y la que te espera. Ante todo tendrás pena, para morir de miedo no mucho más tarde. Ellos, los funcionarios, psicólogos, psiquiatras, educadores, asistentes…forman un equipo conciliador que perturba en exceso. Están para ayudar, eso se entiende. Sin embargo, cuando no es suficiente un desahucio, estar parado o depender del banco de alimentos ; un embarazo puede convertirse en la peor de las condenas. La alarma social de los niños robados durante el franquismo, continúa vigente en busca de la verdad. No se contempla ese otro lado, el actual, legal y consentido, donde los hijos son arrebatados en el mismo hospital que se ha dado a luz. Jóvenes, de mediana edad, adolescentes, no importa. Salen con los puntos de sutura todavía tiernos, sin hijo y con la mirada perdida. Los motivos, tan diversos como cuestionables, podrían resumirse en uno : Pobreza.
Si no tienes dinero ni trabajo, si no cuentas con una vivienda fija, si tu familia no está dispuesta a dar la cara por tí, si –además- no estás casada ni tienes pareja de hecho; el informe de desamparo se expide con una facilidad alarmante. Sobre él ya ni siquiera estás tú, puesto que te colocan por debajo a la primera de cambio.
A partir de ese informe, la desamparada debe cumplir un protocolo que empieza por el “plan de intervención”, tras haber sido separada de su hijo, que se encuentra en manos de una familia provisional de acogida durante los primeros seis meses de vida, para pasar a un proceso de adopción no consentida a partir del séptimo. Todo legal. La madre biológica se somete a una serie de exámenes psicológicos y psiquiátricos, con su provocado –oficialmente- desequilibro a cuestas, en los que le puede ser asignada la etiqueta más vaga de cualquier transtorno. Firma y sello. Indiscutible. Ella, esa mujer desasistida tanto en lo económico como en lo emocional, tendrá que demostrar en medio año que “puede” ser madre. Con suerte, visitará a su hijo recién nacido en el “punto de encuentro” de los Servicios Sociales, previa cita y en presencia de algún educador o asistente. A la propia madre se le prohíbe terminantemente hacer fotos de su hijo y son -tan controladas como cuestionadas- incluso las palabras que dirige a su bebé, así como su aspecto físico, la longitud de su pelo, el color, sus tatuajes si los tuviere, sus aficiones, amistades, relaciones personales o íntimas, modos y formas. En sí y en suma, todo su ser.
Cuando finalmente se le deniega la guardia y custodia iniciando proceso de adopción, todos sus gritos, intentos de suicidio, tiros, agresiones, protesta o desesperación al respecto, serán resumidos en una sola palabra: Loca.
Para ello, los Servicios ya tienen preparados informes anteriores al respecto que les darán la razón ante cualquier sospecha. Todo legal. Todo cubierto. De los viejos barros, estos lodos. Que nadie se llame a engaño.
Aquí también hay verdades que queman
El País Semanal del 26 de abril pasado ha publicado un reportaje titulado Una verdad que quema, sobre menores robados en la dictadura militar argentina y que posteriormente se han reencontrado con su pasado. Recoge, por ejemplo, el impresionante testimonio de Mirta, separada de sus padres con tres años y medio a los que esperó hasta los 12 años. O el de Ignacio, o Matías, en la lucha por el derecho a conocer, por el derecho a la identidad, por poner la verdad por encima de todo.
Hay que felicitar a la sociedad argentina por haber sido capaz de afrontar este problema. En nuestro país tenemos mucho que aprender porque todavía dudamos del potencial de las personas que buscan (hijos o padres) para superar las cosas no tan buenas del pasado. Todavía confundimos protección con ocultación de la verdad. Los testimonios del reportaje nos enseñan que nuestro sistema de protección de menores debería aprender mucho y entender que se pueden hacer las cosas de otra manera, sin causar tanto dolor innecesario.
Con los menores no se juega
Hace un par de años se destapó en Castelldans (Lleida) el caso de un presunto pederasta. La Administración responsable de menores, con la supervisión y seguimiento de una Fundación, le daba jóvenes en acogimiento familiar. Ahora, sabemos que se ha llegado a un acuerdo y se les pagará una indemnización. Asunto cerrado. No habrá investigación. Nadie depurará las responsabilidades del Instituto Catalán de Acogimiento y Adopciones, ICAA, responsable del seguimiento de este presunto pederasta. Cientos de miles de euros de indemnización a las víctimas, y aquí no pasa nada.
Desde varias Asociaciones que trabajamos con menores pedimos que, con independencia de los acuerdos judiciales, esto no quede así. La protección de nuestra infancia desde los poderes públicos queda en entredicho. Y con eso, con nuestros menores, no se juega.
Dura condena al Estado español
Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Una niña es arrancada de su familia y dada en adopción. Tras un largo calvario judicial y administrativo, el TEDH condena a la administración española. Habla de graves negligencias del sistema. Pero también constata que “…el paso del tiempo ha tenido como efecto hacer muy difícilmente reversible una situación que se hubiera podido enmendar con otros medios que no fueran la separación y la declaración de la niña en situación de desamparo.”
Robo de bebés. ¿Es posible hoy en día?
Las responsabilidades en el caso del presunto robo de una nena en 1987 en la Clínica Dexeus de Barcelona serán establecidas por un juez. Pero mi preocupación es saber si hoy disponemos de los mecanismos para que estas situaciones no vuelvan a repetirse. Mi opinión, y la de cientos de familias, es que sigue dándose la impunidad en las decisiones de muchos técnicos, la falta de control y transparencia, el tratar a los menores como expedientes y no como personas. El resultado, el enfrentamiento entre familias y funcionarios, menores arrancados de su entorno sin necesidad.
En este caso, la voluntad de una hija de conocer a su madre biológica ha destapado un escándalo. ¿Cuántos siguen ocultos, y cuántos estamos generando en la actualidad?
Sobre el maltrato institucional
“Hasta hace bastante poco tiempo, una generación aproximadamente, eran los dioses quienes daban
y quitaban los hijos a sus familias. Ahora, una tarea tan delicada y de tanta responsabilidad recae sobre los frágiles hombros de los profesionales de los servicios especializados (Adopciones, Servicios Sociales, Atención al Menor, Juzgados de Familia, Fiscalía del Menor, etc.). No parece que el cambio pueda favorecer mucho a los menores ni a sus padres.”
Así comienza JL Linares, psiquiatra experto en maltrato institucional, el prólogo del libro “Es mi hija” . Y acaba pidiendo que alcemos nuestras voces contra tanto dolor innecesario.
Para pensar…… la vulneración de los derechos de la infancia
Hoy, día internacional de los derechos del niño, no hay mucho que celebrar. Sí mucho que hacer…. Reproducimos este artículo publicado en La Vanguardia:
Los diez derechos de la infancia que Catalunya vulnera
El Síndic de Greuges alerta de un «estancamiento» en las políticas de atención a los menores |
(La Vanguardia, 19/11/2014)
En Catalunya, como en el conjunto de España, cada vez hay más niños pobres. Escuelas y servicios sociales han visto cómo el número de menores con problemas aumenta; el último informe de Unicef señalaba que cerca de un tercio de los niños españoles vive por debajo del umbral de la pobreza; los datos del Idescat para el 2012 indican que un 29,4% de las personas menores de 16 años se encuentra en una situación de pobreza relativa. Y sin embargo no existe ningún plan global para combatir esta situación.
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha alertado esta mañana en el Parlament de un “estancamiento” y en algunos casos retroceso de las políticas sociales que socavan el bienestar de los menores. En su nuevo informe sobre los derechos del niño –que coincide con el 25 aniversario de la Covención de la ONU- reclama una actuación urgente en diez ámbitos relacionados con la infancia. Los derechos del niño “no se están protegiendo o garantizando de forma adecuada y, en algunos casos, se están vulnerando”, concluye Ribó. Una llamada a la acción que comparten la Federació d’Entitats d’atenció i d’educació a la infància i adolescencia (Fedaia), la Federacion de asociaciones de vecinos de Barcelona o la Federación de asociaciones de madres y padres de alumnos de Catalunya (Fapac).
- Necesidad de una renta mínima garantizada
Las ayudas que destina la Generalitat para las familias en riesgo de exclusión han disminuido desde el 2011. Es una de las grandes contradicciones de las políticas sociales de la Generalitat, alerta el Síndic. Más pobres y menos ayudas. Las restricciones que aprobó el Govern de CiU en el 2011 sobre la Renta mínima de inserción ha hecho que el número de beneficiarios menores de 16 años haya pasado de 30.360 niños en mayo del 2011 a 19.258 niños en septiembre del 2013, mientras que la partida para esta Renta se redujo en 5,3 millones de euros. El Síndic sí destaca que en el 2014 se ha producido una recuperación, con 4.000 nuevos beneficiaros de menos de 16 años. Con todo, el número de niños que recibe esta subvención a través de su familia está a niveles del 2010. El informe de la sindicatura ve inadmisible que los recortes afecten el ámbito de la infancia y reclama que se determine una “renta de suficiencia económica”.
- Apoyo y acompañamiento a las familias
Catalunya ha ido configurando una serie de prestaciones, programas y servicios para las familias y la infancia. Con poco apoyo económico. La Generalitat destina un 1% del PIB de Catalunya a políticas de protección social para este colectivo, mientras que la media del Estado español es del 1,4% del PIB y del 2,2% en Europa. Pero no se trata solo de dinero. El informe también pone énfasis en la necesidad de mejorar la coordinación entre servicios y de analizar bien qué tipo de actuación requieren las nuevas formas de pobreza. Por ejemplo, el impacto emocional que causa en las personas verse si nada de la noche a la mañana. Uno de los servicios que sí ha mejorado este año es el de las becas comedor. Más de 70.000 niños recibirán algún tipo de ayuda, con una partida de 43 millones de euros. Pero se trata sobre todo de alumnos de primaria. Cuando pasan a la ESO, con jornada continua en la mayoría de institutos, estas becas desaparecen porque no existe servicio de comedor en los centros.
- Mejorar la red de salud mental
La incidencia de problemas de salud mental entre las personas pobres es más alta. La Encuesta de salud de Catalunya indica que un 5,4% de niños de 4 a 14 años de familias sin recursos tienen probabilidades de sufrir un trastorno mental frente al 4,22% de las clases medias y el 2,58% de las clases altas. La demanda de este tipo de atención también ha crecido y el año pasado el 4,14% de los menores de 17 años fueron atendidos en centros de salud mental. En diez años, el número de niños atendidos aumentó un 79,8%. Hay dos factores: la mejora en la detección y en el acceso a este servicio, y los problemas originados por las situaciones de exclusión social. Son muchas las escuelas que han tenido que aplicar programas de gestión de las emociones porque los alumnos llegan con más estrés y agresividad a clase debido a la situación que viven en casa. El Síndic recomienda un refuerzo de la red de salud mental infantil, más transversal.
- Acogidas en familia
De los 7.000 menores atendidos este año por la Dgaia, un 38% está en centros de asistencia, un 35% con familiares y solo un 13,5% ha sido acogido por una familia ajena. El Síndic observa que esta última cifra es baja y pide que se potencie la acogida en familia cuando se retira la custodia de un niño a sus padres. O cuando los pierde. Sobre todo en menores de seis años. Eso sí, con una formación de estos padres temporales y seguimiento.
- Abordar el maltrato
Más de 4.500 niños viven separados de su familia en Catalunya porque han sido maltratados. Pese a que existe un protocolo de actuación frente al maltrato físico y el abuso sexual, la mayoría de los casos salen a la luz tras una denuncia de la policía o del hospital que ha atendido al niño. “Esto indica que sólo nos llegan las situaciones más graves”, afirma Ribó. El informe reclama una mayor formación en la detección del maltrato entre los profesionales que trabajan con niños –maestros, monitores, pediatras…- y un mejor seguimiento de los centros de acogida e internamiento.
- Equidad y educación
El déficit de políticas sociales y los recortes en educación han perjudicado uno de las principales misiones de la escuela: garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad, resalta el Síndic de Greuges. Falta apoyo a las guarderías –la Generalitat ha reducido su aportación pública a estos centros- y un sistema de atención global a los alumnos más desfavorecidos. Los programas de refuerzo escolar y de ayudas para material del Ministerio de Educación prácticamente han desaparecido, y los planes de entorno de la Generalitat, que actúan en el barrio del estudiante, también.
- Las escuelas-gueto continúan
Hace años que se habla de cambiar el reparto y la matriculación de los alumnos para no crear escuelas-gueto y gestionar mejor la diversidad del alumnado. Sin embargo, estos centros siguen ahí, no se ha hecho prácticamente nada para revertir la situación. El informe insiste en que es hora de aplicar medidas efectivas que eviten la concentración de alumnos con problemas sociales o de origen inmigrante en determinadas escuelas, la gran mayoría de ellas públicas (un 85% de estos estudiantes está en la red pública). En Catalunya existen 143 escuelas y 75 institutos donde un 40% de alumno es de origen extranjero, y 28 centros con más del 70% de estudiantes. El equipo de Rafael Ribó pide asimismo que los hijos de exalumnos de un centro dejen de tener prioridad a la hora de escoger escuela –si los padres han ido a esa escuela obtienen 5 puntos más-.
- Atención a los alumnos con discapacidad
Los recortes educativos han afectado de forma especial a los alumnos con discapacidad (necesidades educativas especiales), resalta Ribó. Faltan horas de velador –personal de apoyo-, logopedas, fisioterapeutas o maestros de educación especial en las escuelas ordinarias. Los maestros tienen ahora más trabajo, con lo que los proyectos de escuela inclusiva se resienten. “Esto hace que algunos padres opten por llevar a su hijo a una escuela de educación especial cuando podría estar en una ordinaria con los recursos adecuados”, resalta la adjunta al Síndic, Maria Jesús Larios. Las escuelas especiales se deberían convertir en centros de apoyo del resto y también debe mejorarse el acceso a las guarderías y a la educación postobligatoria de este alumnado, señalan.
- Acceso al ocio.
Las actividades extra escolares, las colonias o los esplais también presentan grandes cuotas de desigualdad, destaca el informe. Los niños pobres tienen menos oportunidades de ocio, aunque aquí sí se ha hecho un gran esfuerzo, tanto de entidades como de las administraciones, para que los alumnos más vulnerables participen en actividades. Queda un grupo fuera, el de los niños cuyas familias también atraviesan problemas, pero no son tan pobres como para recibir ayudas. Para el Síndic, es hora de regular por ley y de aplicar el derecho de los niños al ocio educativo.
- Derecho a ser escuchado.
La escuela, la justicia, la familia… no escuchan siempre a los niños. Estos es, que sus necesidades reales se aparcan y se supeditan a las de los adultos. El Síndic pide una reflexión profunda sobre ello en todos los ámbitos.
Fuente: http://www.lavanguardia.com/vida/20141119/54419471817/diez-derechos-infancia-catalunya-vulnera.html#.VGyt5GlfBCA.email
Carta de una madre desesperada (centro de menores Albaidel)
Por diversos canales nos llega esta carta para que le demos la máxima difusión…
Le dirijo la presente desde la desesperación de una madre rota por el dolor y por la incertidumbre que nos generan, a mí y a toda mi familia, los hechos que a continuación le expongo.
Soy la madre de Emanuel Gómez Patiño, quien con 15 años de edad, se encontraba internado desde el mes de agosto pasado en el Centro de Menores Albaidel, en Albacete, cumpliendo una medida de internamiento de seis meses impuesta por el Juzgado de Menores de Ciudad Real.
Encontrándose mi hijo en esas circunstancias, el pasado 11 de septiembre de 2013, recibimos llamada telefónica de la Comisaría de Policía de Puertollano por la que se nos comunicaba que mi hijo había aparecido ahorcado en su habitación de dicho centro de menores, sin que nada pudiera hacerse por su vida. A mi hijo lo enterramos el pasado día 13 de septiembre.
Pues bien, han pasado ya más de dos meses y medio desde la muerte de mi hijo y todavía no sabemos la concreta razón de la misma. No sabemos si mi hijo se suicidó -eso es lo que nos dicen- o si alguien acabó con su vida, porque en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Albacete en el que se sigue procedimiento judicial por la muerte de mi hijo, ni consta informe de la autopsia, ni consta acta de levantamiento de cadáver, ni consta un atestado policial, ni consta declaración de ningún responsable del centro, ni tan siquiera de los vigilantes de seguridad y técnico que, al parecer, descubrieron la situación.
Esta incertidumbre, el desconocer la verdadera causa de la muerte de mi hijo nos está destrozando a toda la familia. No damos crédito a lo que se nos dice de que mi hijo se suicidara, cuando una hora y media antes de su muerte estuve hablando por teléfono con él con absoluta normalidad.
La familia tenemos la sensación de que a nadie interesa esclarecer lo ocurrido con nuestro hijo, ninguna noticia del hecho apareció en ningún medio de comunicación (salvo una pequeña nota en un periódico digital de Ciudad Real) no alcanzando a comprender cómo un suceso como el descrito, ocurrido a un menor en un centro de menores dependiente de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, no ha trascendido a ningún medio de comunicación de Albacete.
Y esa sensación de que a nadie interesa esclarecer lo ocurrido con nuestro hijo se acrecienta cuando nos enteramos de que en el año 2009 el Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha ya inició una investigación del centro Albaidel por haberse ejercido violencia sobre los menores, o cuando en el «Informe anual 2011 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura» elaborado por el Defensor del Pueblo, no el de nuestra comunidad -ya desaparecido- sino la institución dirigida por Dª Soledad Becerril, se denunciaban múltiples deficiencias existentes en el Centro de Menores Albaidel.
Acudo en definitiva a usted y a su medio de comunicación porque no encuentro mejor vía para denunciar mi situación y la de mi familia, y porque no entendemos cómo las circunstancias de la trágica muerte de la niña de Santiago de Compostela pueden estar tan aclaradas, y en el caso de nuestro hijo no tengamos la más mínima noticia distinta de lo dicho, que apareció ahorcado en la habitación de la institución pública que estaba obligada a velar por su vida y por su integridad física.
Muchísimas gracias. Esperanza Patiño (carta aparecida en el diario La Comarca de Puertollano)
Organizado por Amnistía Internacional, acto de denuncia y debate sobre el sistema de protección de menores
Más información en: http://www.es.amnesty.org/es/grupos-locales/comunidad-valenciana/grupos/valencia/paginas/agenda/evento/articulo/els-drets-de-la-infancia-son-drets-humans/
