Es una de los cientos de familias que recurren a APRODEME en algún momento ante la retirada de sus hijos, nietos, sobrinos…
Todos (excepto la DGAIA) piensan que es una injusticia privar a estos abuelos de sus nietos.
Es una de los cientos de familias que recurren a APRODEME en algún momento ante la retirada de sus hijos, nietos, sobrinos…
Todos (excepto la DGAIA) piensan que es una injusticia privar a estos abuelos de sus nietos.
Estos documentales generaron en 2018 un gran debate. El Sistema se sintió amenazado y lejos de reconocer errores y proponer mejoras se endureció aún más.
Resumen subtitulado en castellano:
Pueden verse los dos documentales y el debate posterior en:
Ya está disponible la traducción al castellano de la última comparecencia de Aprodeme en el Parlamento de Catalunya, junto con la presentación que se utilizó. Contiene muchos datos para la reflexión.
Transcripció oficial de la intervenció
Actuar sin pruebas contrastadas y sólo por sospechas o rumores, retirada de un menor sin avisar y a traición, informes plagados de mentiras, culpabilización de unos padres que ahora habrán de demostrar que eran buenos padres, arbitrariedad y amenazas…
Siete meses para corregir el error, y han tenido suerte. Otros tardan años y otros no lo consiguen nunca.
Todo está muy bien explicado en este artículo.
Mercedes Gutiérrez, de Zamora, se pone en contacto con Aprodeme. Ha sido madre acogedora durante dos años de una nena, prácticamente toda su vida. Esta nena tiene un hermano, también muy pequeño que está en un Centro de menores.
La niña no ha conocido otra familia y Mercedes y su marido son ya su familia de referencia. Cuando Mercedes plantea hacerse cargo también del niño la reacción de la Administración es increíble: les citan en un despacho, les quitan a la niña y dan a los hermanos en adopción a otra familia.
Han tratado a esta menor como si fuera un objeto, un expediente. No hay ninguna razón objetiva para que Mercedes y su marido no sean los padres de estos niños. Pero las normas, los protocolos burocráticos… están por encima de todo. Encima la Administración argumenta que lo hacen por el «interés superior del menor».
Cada día recibimos testimonios y denuncias como esta. En este caso acusan a la familia de tener fría la casa.
¿No sería mejor ayudarles a solucionar ese problema, o cualquier otro, en vez de quitarles a sus hijos? Queremos un sistema de protección que ayude, no que genere todavía más dolor.
Decidió pedir ayuda a los servicios sociales… sin previo aviso le quitaron a sus dos hijas… sin explicación ni justificación alguna… arrollados por un sistema poderoso que actúa contra ti… es un secuestro… la indefensión de las familias es absoluta…
Son afirmaciones que oímos muchas veces cada día. El Sistema de protección de la infancia y adolescencia necesita una reforma urgente, muy bien explicada en este artículo:
Sábado 22 de octubre a las 17h en Plaza España de Madrid
Luchamos contra las retiradas injustas de menores. Queremos una Administración que ayude a las familias con dificultades, en vez de arrancarles a sus hijos como primera medida. Exigimos la reforma del actual sistema de protección de la infancia y la adolescencia que tanto daño genera y que viola sistemáticamente los derechos más fundamentales.
Ocurre en todas las Comunidades Autónomas. Prácticas que vulneran derechos fundamentales. Incumplimiento de las reglas básicas de los procedimientos administrativos. Maltrato a las familias que tienen a sus hijos en Centros, usando la frecuencia de visitas como castigo si no hacen lo que los técnicos imponen. No existe el derecho de defensa. No se da copia de los informes. Se basan muchas veces en sospechas, indicios. No cumplen las sentencias…
Y así un largo listado que muestra cómo actúa la protección de menores en este país. Una Administración fuera de todo control judicial o de cualquier otro tipo.
Nos unimos a la petición de que de una vez por todas se afronte este problema que afecta a miles de familias.
Una jueza admite la querella presentada por la progenitora contra la DGAIA por prevaricación, coacciones y contra la integridad moral.
Es una pena que el sistema se tenga que cuestionar (el primer paso para su reforma en profundidad) a base de sentencias judiciales.