Tras el paso por el Senado de muchos expertos y responsables políticos ya está listo el anteproyecto de Ley de Protección  a la Infancia. Aunque tiene algún aspecto positivo (se reducen los plazos para consolidar situaciones de adopción con lo que la administración dispone de menos tiempo para hacer sus barbaridades), este anteproyecto consolida el poder de los técnicos:

«Frente a los países de nuestro entorno (Francia, Italia, Portugal, Inglaterra) en que la declaración de desamparo se realiza en sede judicial, aquí se favorece una mayor desjudicialización, incrementando las prerrogativas de la entidad administrativa.

En la práctica, esto se traduce en que profesionales ajenos al ámbito jurídico asumen tareas judiciales, lo que supone la rebaja o la desaparición de las garantías jurídicas (tal como existen en el derecho penal y sancionador): la presunción de inocencia, el derecho de defensa o el contraste de las pruebas. La consecuencia es que estamos ante un derecho de segunda clase y se incrementa la posibilidad de abusos y de arbitrariedad.»

El comentario es de Javier Martín, psicólogo y técnico de menores en Galicia, que acaba justificando las incongruencias de la Ley y pidiendo su replanteamiento.

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 Anteproyecto ley ordinaria menores–8-07-11