Cada vez más juristas, técnicos, cargos políticos, entidades, afectados… coincidimos en que es necesaria una reforma urgente de nuestro sistema de protección de la infancia y la adolescencia.

Por eso hemos presentado esta denuncia ante la Fiscalía General del Estado, y también en el Parlamento y la Comisión Europea que ya la han aceptado a trámite, para que se investigue y se actúe en consecuencia.

Queremos un sistema que de verdad piense en los menores y ayude a las familias. Que garantice el derecho efectivo de defensa, hoy inexistente. Demasiados errores, demasiado daño innecesario…