Un juez pide a fiscalía que investigue a la DGAIA por actuar a partir de denuncias anónimas.
La Sentencia judicial dice, entre otras muchas cosas, “la DGAIA actúa sin datos objetivos, y sus decisiones se basan en creencias y suposiciones hasta llegar a un relato maniqueista que nada tiene nada que ver con el caso concreto”
Se ha publicado estos días una noticia referente a las airadas protestas de los vecinos de Rubí por la instalación en esa ciudad de un macrocentro para menores migrantes. Ni las acusaciones de racismo, ni las de oportunidad política en época electoral pueden enmascarar una realidad: el sistema de protección de la infancia y la adolescencia, responsabilidad de la DGAIA, no funciona.
Es un sistema paternalista, que no ataja los problemas estructuralmente, que no centra su actividad en la prevención y sí en la intervención siempre traumática para las familias. Un sistema cuestionado ya desde todos los ámbitos: sindicatos, expertos, sentencias judiciales demoledoras, entidades, parlamentarios, medios de comunicación, familias afectadas…. Es, además, poco receptivo a las críticas y así es muy difícil que evolucione.
Necesitamos urgentemente la reforma de este sistema, que la administración y sus responsables dejen de mirar para otro lado y hagan las reformas que muchos hemos puesto encima de la mesa. Las cosas se pueden hacer de otra manera, pero para ello es necesaria más humildad y más diálogo. Y en este proceso los ciudadanos no somos enemigos, deberíamos ser aliados.
Publicado en: La Vanguardia, el Punt Avui, El Periódico
Mañana 9 de abril de 2019, Francisco Cárdenas, presidente de APRODEME, comparecerá en la Comisión de Infancia del Parlament de Catalunya, para explicar nuestras experiencias, reflexiones y propuestas.
Demà 9 d’abril de 2019, Francisco Cárdenas, president de APRODEME, compareixerà en la Comissió de la Infància del Parlament de Catalunya, per explicar les nostres experiències, reflexions i propostes.
El pasado 26 de febrero de 2019 se hizo entrega en la Fiscalía del TSJC de la ampliación de la Denuncia contra el Sistema de Protección de Menores.
El objetivo de esta nueva comparecencia es ampliar y argumentar la Denuncia presentada en su momento con un documento introductorio que justifica, con numerosos ejemplos y pruebas, que no estamos ante fallos puntuales, sino ante una realidad que es necesario repensar y modificar en profundidad porque se están violando los derechos fundamentales de los menores y de sus familiares.
Alguna referencia en prensa (+)
Por la tarde tuvo lugar la reunión de la Asociación, con la asistencia de más de 40 personas. La reunión empezó con dos testimonios, de dos madres, luchadoras en la Asociación desde hace tiempo y que han conseguido recuperar a sus hijos. Se debatieron varias propuestas de acciones, que se irán concretando en los próximos días, y se pusieron en común preguntas y dudas que entre todos fuimos aclarando.
Este es el director general de la DGAIA que fue defendido a ultranza por la consellera Dolors Bassa. Ahora caído en desgracia ante la evidencia de sus irregularidades. Pero por muy grave que sean las acusaciones, hay otra todavía peor: era el director de un sistema que maltrata institucionalmente a muchos menores. Así lo dicen muchos expertos que estos días escriben en prensa. Y yo doy fe: a mí me engañó, junto con la directora del ICAA Agnès Russiñol.
Ayer, en el Parlament de Catalunya se volvió a evidenciar la necesidad de reformar en profundidad el sistema.
No queremos (sólo) cabezas de turco. Queremos otro sistema de protección.
En este riguroso reportaje aflora la presunta corrupción en el sistema de protección de menores, en este caso en Catalunya.
Un juzgado de Barcelona, la Oficina Antifraude y la Sindicatura de Cuentas investigan a un exdirector general y unas empresas ligadas a él.
Hay más entramados de Fundaciones, que manejan millones de euros. Se irá sabiendo.
Pero además de delitos económicos hay algo mucho más grave: están arruinando la vida de muchos menores y sus familias. El sistema no quiere cambiar, se enroca.
En APRODEME no paramos de recibir denuncias en este sentido y seguiremos trabajando para que todo esto cambie. ¿Cuántos directores o directoras han de pasar aún para que alguien se decida a reformar radicalmente el sistema?
La Sindicatura de Cuentas ha detectado varias irregularidades en la concesión, evaluación y justificación de subvenciones y prestaciones económicas dadas por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA)
También en APRODEME estamos detectando y documentando este tipo de irregularidades. Entramados de Fundaciones que manejan muchos millones de euros…
Un sistema privatizado, que prefiere gastarse más de 4.000 euros mensulaes en un menor arrancado de su familia antes que dedicar ese esfuerzo a yudar a las familias. Un sistema que incumple derechos fundamentales…
Esto es lo que ocurre cuando un juez entra en detalle en las actuaciones de la DGAIA. El juez, en su sentencia, habla de “maltrato institucional”, “expedientes caóticos”, “se confunde terapia con represión”, “galimatías de documentos… pasotismo de la administración”, “trato vejatorio”, “situaciones llenas de violencia…”, “informes anónimos”….
Nada que no conozcamos ya cientos de familias que lo hemos padecido, pero que ahora un juez que sí entra en el fondo del asunto establece en su sentencia.
¿Cuántas sentencias como esta harán falta para que esto cambie? porque ya llevamos unas cuantas…
Los documentales “desamparados”, de TV3, han generado mucho debate y una reacción corporativista mal entendida de parte del sistema (los que controlan, deciden, manejan millones de euros, o quizás tienen cosas que ocultar …). En este link hay una muestra de ello. Leed con detalle TODOS los comentarios. Transcribo el último, de Ceneta Pi:
“Os está quedando un corporativismo precioso! En serio, enternecedor! A ver una cosita … en todas las profesiones donde hay en juego derechos fundamentales de las personas hay sistemas de control y garantías para las partes afectadas. En el mundo judicial, lo que no se puede probar no existe, los juicios se graban; en el mundo policial está la unidad de asuntos internos; en el mundo penitenciario hay jueces de vigilancia penitenciaria, etc. En definitiva el sistema ha previsto mecanismos de transparencia para evitar una vulneración arbitraria de derechos fundamentales. Por qué justificáis la opacidad del sistema de ‘protección de la infancia y la adolescencia’? De verdad que no se entiende. No se entiende que no seáis los primeros en querer estar seguros de, por un lado que los niños y adolescentes que hay en los centros sean los que han de ser, y por otro que los educadores y equipos directivos de todos los centros hagan bien su trabajo. Si tanto os preocupan los niños de los centros como manifiestáis, deberíais ser los primeros de criticar las irregularidades y arbitrariedades existentes. Cerrando filas, negando evidencias, parece que lo que se está defendiendo es otra cosa que poco tiene que ver con defender el derecho de los niños a ser protegidos cuando lo necesitan … parece que sufrís por la viabilidad del sistema si se empiezan a revisar casos, a exigir pruebas, y a hacer entrar las garantías judiciales que eviten la indefensión de las partes afectadas. Al menos lo parece … “
