Ricard Calvo, máximo responsable de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia en Catalunya ha dimitido. No es una noticia buena ni mala porque el problema sigue siendo el sistema de protección de menores que tenemos.

Es la constatación de su incompetencia para poder trabajar por un sistema más justo. Sistema que reclamamos cientos de familias.

Pocos días antes de la dimisión me envió un escrito que demostraba una vez más su incapacidad para enfrentarse a un sistema (con nombres y apellidos) que necesita reformas radicales y urgentes. Ojalá su sustituto empiece por fin a trabajar en esta línea.

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Asistimos últimamente a un intenso debate. Para unos, una futura república catalana nos permitirá disponer de los instrumentos que no tenemos ahora para ser una sociedad mejor. Lo expresan, por ejemplo, con pancartas en los balcones en las que se lee «república = bienestar social«. Para otros, si ese nuevo escenario se produjera, poco menos que las diez plagas caerían sobre los catalanes: ni cobraríamos pensiones, ni nos querrían en Europa.

Seguramente ninguno de los dos extremos tendrá razón, como suele ocurrir cuando se habla desde las entrañas. O desde el corazón. En cualquier caso, creo que sería importante que se dieran argumentos, sobre todo en una época en la que la credibilidad de nuestra clase política está en su momento más bajo.

Me referiré a la protección de la infancia y la adolescencia en Catalunya. Nuestro sistema presenta desde hace muchos años serias deficiencias que ahora están siendo denunciadas por asociaciones, sindicatos, entidades, expertos, casi todos los grupos políticos, el Síndic de Greuges, como recogen casi a diario los medios de comunicación.

Las competencias en este ámbito están transferidas, en lo esencial, a las comunidades autónomas. Es decir, Catalunya ya podría empezar a plantear un nuevo modelo más justo, que creyera más en las familias,que las ayudara, que no centrara tanto esfuerzo en retirar menores de sus familias para llevarlos a centros que con demasiada frecuencia no cumplen su función. Que trabajara más la prevención en vez de centrarse básicamente en la intervención, traumática casi siempre. Un sistema que queriendo evitar un daño genera otro todavía mayor. No hace falta un nuevo escenario político para empezar a construir ese nuevo modelo. Podemos empezar ya, hoy. Quizá así se daría credibilidad a muchas cosas. Se generaría confianza en quien hoy se empeña en mantener un sistema que prefiere pagar 4.000 euros al mes por un menor en un centro a dedicar esa cantidad, o menos, a ayudar a su familia.

Existen modelos en otros países, echemos una ojeada a cómo lo hacen por ahí. No vaya a ser que si algún día llegamos a Ítaca alguno se pregunte si mereció la pena el viaje.

Francisco Cárdenas es presidente de la Asociación para la Defensa del Menor, Aprodeme.

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