APRODEME cuestiona las decisiones que perjudican a familias y menores.

El caso de Juana Rivas ha despertado conciencias, generando un debate social que se quiere minimizar mediante la exigencia del cumplimiento de la legislación.

El caso de Juana Rivas supone una gran oportunidad para explicar a la sociedad en general, y a los poderes públicos en particular, que de forma sistemática se están vulnerando derechos de las familias, y de sus hijos e hijas, mediante sentencias que no tienen en cuenta derechos y necesidades de las personas, y mediante resoluciones administrativas que comunican la retirada de menores de sus familias, sin demostrar las causas que han llevado a tomar tal decisión, invirtiendo la carga de la prueba, generando situaciones que perjudican de modo psicológico y emocional tanto a adultos como a menores.

Resoluciones de retirada de menores, como culminación de un proceso iniciado por causas no siempre bien contrastadas, que firma un/a técnico, y que en cambio necesita de sentencia judicial para revertir sus consecuencias y devolver los menores a su familia de origen.

Las decisiones que toma la Administración no tienen por qué ser las mejores ni las más adecuadas en cada caso, cuando se limita a aplicar protocolos y acciones de forma generalizada sin atender las necesidades concretas de cada una de las personas a las que afecta.

No debemos olvidar que en cada caso se dirime el presente y el futuro de personas reflejadas en expedientes, y que un buen número de esas personas son niños y niñas que van a vivir las consecuencias de tales decisiones, y en buen número de casos, no se respetan, ni se garantizan los derechos de los menores.

En APRODEME recibimos día a día llamadas de familias, madres, padres, abuelos y abuelas, en las que nos piden asesoramiento y ayuda ante la situación increíble y arbitraria que están viviendo. Llamadas de mujeres doblemente maltratadas, por su pareja y por un sistema que le quita sus hijos e hijas sin justificación, y tantas otras situaciones incomprensibles.

Nos llaman familias de variados perfiles, con distintas necesidades sociales, educativas, económicas, laborales..etc que acuden a los Servicios Sociales en busca de ayuda, en busca de información, en busca de apoyo, y se encuentran con el inicio de un expediente que en buen número de casos acaba con la retirada de sus hijos e hijas, por motivos no contrastados. Menores que son ingresados en centros privados que cobran alrededor de 4000 € al mes por cada menor, o se entregan a familias de acogida, familias que además de desconocer las causas reales de la retirada, también desconocen que esos menores, en ocasiones, están inmersos en un proceso judicial por parte de sus familias biológicas en el que piden que se les devuelva la custodia que en un momento dado les fue arrebatada.

Es cierto que en muchas ocasiones, como es el caso de Juana Rivas, hay un conflicto de pareja mal llevado. Y habrá que ayudar y mediar en ese conflicto entre adultos, si así lo quieren. Pero es inadmisible que una consecuencia preventiva sea la retirada del menor de su entorno. Sólo se admitiría en casos extremos, donde peligre seriamente la integridad del menor. Pero por suerte, estos son los menos.

APRODEME difundirá de forma adecuada, sin citar datos personales ni geográficos, a través de sus redes sociales los casos que llegan, para que toda la sociedad tenga conocimiento de las acciones inadecuadas que la administración realiza en materia de protección de menores, desmontando tópicos sobre las familias y menores afectados por resoluciones que nunca debieron emitirse.