Recibimos quejas de familias acogedoras que se sienten maltratadas por la Administración, de familias biológicas que se ven privadas de sus hijos. De menores injustamente ingresados en un centro… y un largo etcétera. Las denuncias llegan desde sindicatos, entidades, expertos, incluso en el Parlamento.
El artículo que se adjunta habla de los problemas a los que se enfrentan familias que han adoptado: «falta de información, opacidad, han de vivir un calvario…»
¿Qué más ha de pasar para que alguien se decida a abordar en serio la reforma del sistema de protección de la infancia y adolescencia?