Intervención el 30 de abril de 2022 a raíz de la manifestación en Madrid por la reforma de los servicios de protección de la infancia y adolescencia. Analizamos sus errores, denunciamos sus injusticias y exigimos cambios radicales.
El video entero puede verse aquí
El sábado 30 de abril, a las 17:00 de la tarde, en la Plaza de España, en Madrid, hay una manifestación para que la sociedad pueda empezar a percibir el problema y que se inicie un camino para modificar la ley, para evitar el quebrantamiento de derechos fundamentales.
Para el próximo sábado 30 de abril está convocada una manifestación en Madrid contra las tutelas injustas. El sistema español de protección de menores, en demasiadas ocasiones, no funciona adecuadamente; porque en lugar de ayudar a las familias, en muchos casos, los Servicios Sociales adoptan injustificadamente medidas radicales apartando a los niños de sus casas, de sus familias; muchos de estos niños no volverán nunca a su hogar.
Se provoca una muerte social y familiar.
En un número elevado de expedientes, no hay argumentos para actuar así, no hay pruebas objetivas que acrediten las causas por las que alejan a los hijos de sus padres; se los llevan tras la declaración de desamparo que ha dictado una persona que trabaja en Servicios Sociales. Sin juicio. Sin sentencia. Sin capacidad defensa, se llevan a los hijos.
Es terrible, es dramático, es un daño irreversible… provoca el hundimiento y la desesperación de muchas personas, de muchas familias.
Es uno de los problemas más dolorosos y dramáticos que sufre este país pero casi nadie lo siente así, salvo las personas que fatalmente somos víctimas de este sistema y los que generosamente nos apoyan, desde su ámbito profesional o personal.
Este artículo de «Público» describe muy bien algo que cada vez más personas y asociaciones denunciamos. Como se dice al final, ¿qué más ha de ocurrir para que alguien decida hacer algo al respecto?
Otro testimonio (y van unos cuantos esta semana) que nos llega:
«…
Los tres menores ( de 11, 8 y 7 años), Tàrrega, Lleida) quedaron huérfanos de madre el 11 de julio del 2020, con la que residían en Barcelona junto al padre, Joan.
M., que es la mayor, tiene otro padre biológico, los 2 pequeños son hijos suyos.
Una vez la madre murió, valorando el apoyo familiar de abuelos, hermana, tíos y primos… y el bienestar de los pequeños, Joan y los 3 niños se trasladaron a Tàrrega en septiembre de 2020 para iniciar la residencia y la escolarización de los pequeños en un centro escolar de la misma población.
El padre biológico reclamó a M. (solo la ha visto en 3 ocasiones) y una sentencia judicial le dio la razón. M. quiere continuar viviendo en Tàrrega con Joan y sus 2 hermanos. Por ello, la DGAIA decide ingresarla en un centro para iniciar el plan de acoplamiento con su padre biológico.
Sin escrúpulos ni razonamientos, también decide encerrar a sus 2 hermanos pequeños con ella, alegando que debe «mantenerse un estrecho contacto de los 3 hermanos».
Una patrulla de 4 mossos y dos técnicos de la DGAIA se los llevan del centro escolar, sin ninguna explicación, hasta que ya estaban en un centro de acogida a más de 50 kms Tàrrega. La familia no pudo verlos ni hablar con ellos hasta 36 días más tarde.
En resumen, una situación injusta, cruel, triste, perversa y sin fundamentos para 3 niños que hace un año tuvieron que afrontar el trauma de perder a la madre y que ahora se les arranca injustamente de su entorno familiar y de las personas que los quieren.
Si la DGAIA y la Conselleria de Drets Socials trabaja por el bienestar de los niños, NO es el caso.»
Menores tuteladas por la Administración han sido víctimas de redes de prostitución. Con frecuencia el análisis que escuchamos es que son casos aislados, que los centros funcionan bien y se trata de casos excepcionales que por supuesto hay que investigar. Si a esto le añadimos un mezquino oportunismo político, o el simplismo de que se necesitan más medios en los servicios de protección, el debate es incompleto y desenfocado.
Los Centros de menores deberían ser un recurso excepcional, la última de las opciones. Pero con frecuencia vemos que es justo al revés. Gracias a un sistema que permite a la Administración (no a un juez) declarar el desamparo, estos menores son llevados a un Centro en vez de dedicar todos los esfuerzos a ayudar a esa familia. Con un sistema de protección que de verdad creyera en la «prevención» la mayoría de menores no deberían ser arrancados a sus familias. Pasar unos meses, no digamos años, en un Centro tiene consecuencias gravísimas para cualquier menor.
Es lo que nos dice la experiencia de cientos de familias que no entienden por qué la Administración prefiere gastarse más de 4.000 euros al mes en su hijo llevándolo a un Centro, en vez de dedicar una parte de ese dinero a ayudar a esas familias. Centros que, encima, piden más recursos.
Nuestro sistema de protección necesita una reforma radical, para que deje de ser un sistema fuera de todo control, que tanto dolor genera y que no cumple su función de ayudar a los que más lo necesitan.
No tiene otro nombre, es maltrato institucional. En APRODEME no paramos de recibir testimonios y quejas sobre la manera de actuar de la DGAIA. Basta! Ya es hora de que la Administración haga caso a tantas voces que reclaman una reforma en profundidad.
Muy interesante esta reflexión de Susan Kalunge publicada en el diario Ara.
La revista de psiquiatría Norte de Salud Mental publica un estudio pionero que tiene el siguiente título: Observaciones sobre la inutilidad de los informes psiquiátricos y psicológicos en procesos de custodia. ¿Maltrato institucional a las familias?
En este escrito el psiquiatra Fernando Pérez del Río comenta su experiencia y perplejidad al comprobar cómo funciona el sistema: el poder se protege, indefensión de las familias…
La prestigiosa cadena de TV «France24» ha emitido un reportaje sobre el funcionamiento del Sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia.
Recoge varios testimonios reales (especialmente en Catalunya), así como declaraciones de sus máximos responsables. La directora de la DGAIA llega a afirmar que los informes de sus técnicos están por encima de las sentencias judiciales. El reportaje está en francés e inglés, aunque puede seguirse sin problema, y pronto en español.
Versión en francés:
Versión en inglés:
Contratos bajo sospecha, sobresueldos… En los siguientes reportajes se ponen de manifiesto graves irregularidades en la gestión de varias entidades que mueven millones de euros procedentes de la Administración (DGAIA, Consorci…) en Catalunya.
En APRODEME también tenemos datos sobre los importes que algunos entramados de Fundaciones reciben de la Administración y que merecen, como mínimo, una explicación… si es que la hay.
Click en las imágenes para acceder a estos reportajes de El Periódico:
Este escrito recoge una experiencia que no es única. Cientos de familias nos identificamos con lo que en él se explica. Es maltrato institucional.
Leer aquí:
https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/indiana-jones-busca-ley-menor-12141209
Una Asociación que trabaja por el respeto a los derechos del menor y de sus familias 