Artículo publicado en la revista de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, CEAPA. Marzo 2011

La asociación APRODEME denuncia las actuaciones arbitrarias de los servicios sociales de muchas comunidades autónomas, que están separando a los niños de sus familias, ante la situación de desamparo o riesgo económico que éstas puedan estar sufriendo por culpa del desempleo u otras circunstancias. Exigen que no se trunque la vida de los menores y piden apoyo para estas familias.

 “El último recurso siempre ha de ser arrancar a un niño de su familia, intervención que debe estar reservada a casos muy excepcionales.”

 “Cuesta entender que una madre sin trabajo pierda a su hijo por esa razón, y ese hijo sea depositado en un centro que cobra 3.000 euros al mes por su cuidado”.

 “Los servicios de protección de menores en España necesitan una profunda renovación”.

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Por Paula Ballesteros

¿Hasta qué punto y bajo qué criterios se puede separar a un menor de su madre? La Ley del Menor recomienda en uno de sus artículos, articular medios como ayuda económica puntual y seguimiento de la familia para no separar al niño de sus padres. No sólo no se sigue este criterio, sin comunicación oficial a los tutores, se investiga al menor y se le interroga sin presencia de los padres.

Se le detiene por decreto de los servicios sociales y se le declara en situación de abandono para pasar a ser un niño tutelado por el estado que le permitirá visitas o contacto telefónico, con sus padres cuando y como consideren oportuno.

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¿Derechos del Menor o Negocio? 

por Paula Ballesteros 

Antes de nada, si estáis en Facebook, deberíais ver y oír este vídeo antes de leer el siguiente artículo: nos pone a todos en situación. Y ahora sigamos.

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de 1989, supuso un notable avance en la consideración del menor como sujeto autónomo de derechos y como individuo especialmente protegido. La Convención, ratificada por la práctica totalidad de los países del mundo, establece como principio básico de actuación de cualquier institución, pública o privada, el interés superior del menor.

La concepción que la sociedad tiene sobre la infancia ha dejado de ser la de un sujeto pasivo, un proyecto de futuro, necesitado exclusivamente de protección para llegar a convertirse en persona.

Los niños y adolescentes tienen hoy la consideración, por sí mismos, de sujetos activos de derechos, de protagonistas principales de su propia historia. Los niños son personas y como tales deben ser tratados, es decir, como personas singulares, únicas, libres, como sujetos de derechos propios de su condición humana, con la particularidad de su condición infantil.

Los niños y adolescentes tienen derecho a una protección que garantice su desarrollo integral como personas en el seno de una familia, preferiblemente con sus padres. Pero la protección es cosa de todos.

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