Para pensar… y luego actuar. Extraído del blog de Consuelo García del Cid

La penalización de la pobreza está en manos de los servicios sociales. Su “multa”moral al respecto, pasa por separar a madres de sus hijos, separar incluso parejas, y cuestionar en el acto su pasado, presente y futuro inmediato. España, crisis. Sobre semejante desastre se sientan miles de personas en Bienestar social tras pedir la vez, y a partir de ese instante comienza el strep-tease vital. Cuestionarán lo que has sido, quién eres y la que te espera. Ante todo tendrás pena, para morir de miedo no mucho más tarde. Ellos, los funcionarios, psicólogos, psiquiatras, educadores, asistentes…forman un equipo conciliador que perturba en exceso. Están para ayudar, eso se entiende. Sin embargo, cuando no es suficiente un desahucio, estar parado o depender del banco de alimentos ; un embarazo puede convertirse en la peor de las condenas. La alarma social de los niños robados durante el franquismo, continúa vigente en busca de la verdad. No se contempla ese otro lado, el actual, legal y consentido, donde los hijos son arrebatados en el mismo hospital que se ha dado a luz. Jóvenes, de mediana edad, adolescentes, no importa. Salen con los puntos de sutura todavía tiernos, sin hijo y con la mirada perdida. Los motivos, tan diversos como cuestionables, podrían resumirse en uno : Pobreza.

Si no tienes dinero ni trabajo, si no cuentas con una vivienda fija, si tu familia no está dispuesta a dar la cara por tí, si –además- no estás casada ni tienes pareja de hecho; el informe de desamparo se expide con una facilidad alarmante. Sobre él ya ni siquiera estás tú, puesto que te colocan por debajo a la primera de cambio.

A partir de ese informe, la desamparada debe cumplir un protocolo que empieza por el “plan de intervención”, tras haber sido separada de su hijo, que se encuentra en manos de una familia provisional de acogida durante los primeros seis meses de vida, para pasar a un proceso de adopción no consentida a partir del séptimo. Todo legal. La madre biológica se somete a una serie de exámenes psicológicos y psiquiátricos, con su provocado –oficialmente- desequilibro a cuestas, en los que le puede ser asignada la etiqueta más vaga de cualquier transtorno. Firma y sello. Indiscutible. Ella, esa mujer desasistida tanto en lo económico como en lo emocional, tendrá que demostrar en medio año que “puede” ser madre. Con suerte, visitará a su hijo recién nacido en el “punto de encuentro” de los Servicios Sociales, previa cita y en presencia de algún educador o asistente. A la propia madre se le prohíbe terminantemente hacer fotos de su hijo y son -tan controladas como cuestionadas- incluso las palabras que dirige a su bebé, así como su aspecto físico, la longitud de su pelo, el color, sus tatuajes si los tuviere, sus aficiones, amistades, relaciones personales o íntimas, modos y formas. En sí y en suma, todo su ser.

Cuando finalmente se le deniega la guardia y custodia iniciando proceso de adopción, todos sus gritos, intentos de suicidio, tiros, agresiones, protesta o desesperación al respecto, serán resumidos en una sola palabra: Loca.

Para ello, los Servicios ya tienen preparados informes anteriores al respecto que les darán la razón ante cualquier sospecha. Todo legal. Todo cubierto. De los viejos barros, estos lodos. Que nadie se llame a engaño.

El País Semanal del 26 de abril pasado ha publicado un reportaje  titulado Una verdad que quema, sobre menores robados en la dictadura militar argentina y que posteriormente se han reencontrado con su pasado. Recoge, por ejemplo, el impresionante  testimonio de Mirta, separada de sus padres con tres años y medio a los que esperó hasta los 12 años. O el de Ignacio, o Matías, en la lucha por el derecho a conocer, por  el derecho a la identidad, por poner la verdad por encima de todo.

Hay que felicitar a la sociedad argentina por haber sido capaz de afrontar este problema. En nuestro país tenemos mucho que aprender porque todavía dudamos del potencial de las personas que buscan (hijos o padres) para superar las cosas no tan buenas del pasado. Todavía confundimos protección con ocultación de la verdad. Los testimonios del reportaje nos enseñan que nuestro sistema de protección de menores debería aprender mucho y entender que se pueden hacer las cosas de otra manera, sin causar tanto dolor innecesario.

Acceder al reportaje aquí

Hace un par de años se destapó en Castelldans (Lleida) el caso de un presunto pederasta. La Administración responsable de menores, con la supervisión y seguimiento de una Fundación, le daba jóvenes en acogimiento familiar.  Ahora, sabemos que se ha llegado a un acuerdo y se les pagará una indemnización. Asunto cerrado. No habrá investigación. Nadie  depurará las responsabilidades del Instituto Catalán de Acogimiento y Adopciones, ICAA, responsable del seguimiento de este presunto pederasta. Cientos de miles de euros de indemnización a las víctimas, y aquí no pasa nada.

Desde varias Asociaciones que trabajamos con menores pedimos que, con independencia de los acuerdos judiciales, esto no quede así. La protección de nuestra infancia desde los poderes públicos queda en entredicho. Y con eso, con nuestros menores, no se juega.

Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Una niña es arrancada de su familia y dada en adopción. Tras un largo calvario judicial y administrativo, el TEDH condena a la administración española. Habla de graves negligencias del sistema. Pero también constata que “…el paso del tiempo ha tenido como efecto hacer muy difícilmente reversible una situación que se hubiera podido enmendar con otros medios que no fueran la separación y la declaración de la niña en situación de desamparo.”

Descargar Sentencia del TEDH de Estrasburgo

Las responsabilidades en el caso del presunto robo de una nena en 1987 en la Clínica Dexeus de Barcelona serán establecidas por un juez. Pero mi preocupación es saber si hoy disponemos de los mecanismos para que estas situaciones no vuelvan a repetirse. Mi opinión, y la de cientos de familias, es que sigue dándose la impunidad en las decisiones de muchos técnicos, la falta de control y transparencia, el tratar a los menores como expedientes y no como personas. El resultado, el enfrentamiento entre familias y funcionarios, menores arrancados de su entorno sin necesidad.

En este caso, la voluntad de una hija de conocer a su madre biológica ha destapado un escándalo. ¿Cuántos siguen ocultos, y cuántos estamos generando en la actualidad?