Testimonio de una adolescente que está siendo maltratada por la institución que debería ayudarla.
Profesionales de todos los ámbitos denuncian estas actuaciones, pero los responsables de la DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia, en Cataluña) hacen oídos sordos, como en tantos otros casos.
Ver artículo entero publicado en el El País, el 3 de Noviembre de 2012:
Presentación en la Librería Follas Novas, calle de Montero Ríos 37, en Santiago de Compostela, el próximo lunes 5 de noviembre de 2012, a las 19,30 horas, a cargo de Javier Martín, Psicólogo del servicio de protección de menores de la Xunta de Galicia y escritor.
Un libro crítico con el sistema actual de protección de menores que tanto dolor innecesario causa en cientos de familias de toda España. Será un punto de encuentro y debate para cambiar este sistema.
Más información: www.esmihija.es
Nota de Prensa Libro denuncia contra el sistema de protección de menores
Empezamos el proceso para presentar una denuncia colectiva contra este sistema de protección de menores que no funciona. La denuncia se presentará a nivel de todo el Estado, aunque luego en cada comunidad autónoma pueda seguir caminos diferentes.
La denuncia es contra el sistema, aunque debe fundamentarse en casos particulares. Cuantos más reunamos, más sólida será nuestra queja.
Ha de quedar muy claro que no es la suma de denuncias individuales. No substituye a lo que cada uno de nosotros está haciendo personalmente a nivel judicial o de cualquier otro tipo.
Todo aquel que quiera unirse a la denuncia deberá rellenar la información siguiente, con un breve resumen de su caso. Más adelante se facilitará el documento que habrá que firmar para presentar formalmente la denuncia.
No sabemos finalmente cuántos seremos, por tanto es difícil saber el coste que esto tendrá. La aportación que hemos acordado es de 100 euros por familia. En el momento de rellenar el impreso a que se hace referencia se abonará 50 €, el resto en el momento de presentar la denuncia, que vamos a intentar que sea antes de final de año. A los interesados se les facilitará el número de cuenta para hacer el ingreso. No hay que dar nada en metálico.
La presentación de la denuncia irá acompañada de otros actos (prensa, …) para dar la máxima difusión.
Documentación a enviar:
Nombre y apellidos. DNI.
Domicilio y teléfono.
Datos de contacto del abogado (si se tiene): Nombre, dirección, e-mail y teléfono.
Breve resumen del caso.
Documentación: escritos, denuncias… cualquier prueba que pueda ser admitida por un juzgado (si se dispone)
Haced llegar todo esto a la dirección: asociaciondefensamenores@gmail.com
Para cualquier consulta escribid a este mail, o por teléfono:
Francisco Cárdenas: 661.495.212
Esperanza Vázquez, teléfono: 976.572.708 / 630.734.296
En la pestala «Denuncia», de esta web se irá actualizando toda la información. (Por favor, haced extensivo este mensaje a todo el que consideréis oportuno)
El pasado 3 de octubre tuvo lugar la presentación del libro «Es mi hija», una denuncia del sistema de protección de menores. Asistieron más de 100 personas y durante dos horas pudimos compartir experiencias, debatir y hacer propuestas para acabar con tantos errores que la administración (DGAIA, ICAA, EAIA…) comete. Se denunció la pasividad de los máximos responsables de estas instituciones ante decisiones de los técnicos frente a las que no tenemos un derecho de defensa real. Se hicieron varias propuestas (se irán comunicando y organizando en esta web
Algunos momentos de la presentación
Presentación en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Portal de l’Àngel, en Barcelona,
el próximo miércoles 3 de octubre de 2012, a las 19 horas, a cargo de Silvia Giménez Salinas, abogada y exdecana del Colegio de Abogados de Barcelona, y Gustavo Franco Cruz, periodista de investigación sobre el sistema de protección de menores.
Tenemos el placer de invitaros a la presentación del libro Es mi hija (2012, Ediciones Carena), de Francisco Cárdenas. Es un libro crítico sobre el funcionamiento del sistema de protección de menores. Reúne aportaciones de abogados, jueces, políticos, funcionarios, trabajadores sociales y hasta el Síndic de Greuges.
Es el relato verídico y documentado del caso que fue mencionado por el Síndic de Greuges en su informe anual de 2009, debido a los “indicios de irregularidad en el seguimiento del proceso de acogida […]” y que “refleja la necesidad de que la Administración revise en profundidad los procedimientos e instrucciones de las instituciones colaboradoras de integración familiar”.
Con prólogos del periodista Gustavo Franco y de Juan Luis Linares, director de la Escuela de Terapia Familiar del Hospital de Sant Pau; y con epílogos de Antonio Barroso, presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), y de Enrique Vila Torres, abogado de SOS Raíces y autor, entre otros libros, de Historias robadas.
En la presentación podremos debatir sobre todos estos temas y comentaremos varias iniciativas que quieren acabar con tanto dolor que la Administración provoca en muchas familias.
Por favor, haced extensiva la invitación a todo el que creáis oportuno.
Nota de Prensa Libro denuncia contra el sistema de protección de menores
Por favor, confirmar asistencia en asociaciondefensamenores@gmail.com
Se convoca una reunión de la Asociación Aprodeme.
Publicado en El País, 21 de septiembre de 2012 (también en el diario ARA)
La serie que está emitiendo Antena 3 (Historias robadas) y reportajes similares en otros
medios sobre los niños robados en los setenta y ochenta y entregados a otras familias
demuestra una vez más que la realidad supera a la ficción.
En la actualidad, miles de personas buscan a sus padres ante la intransigencia de
autoridades y responsables de la Administración. Pero aún más grave, si cabe, es que las
actitudes de fondo que provocaron todo aquello se siguen dando hoy.
Cientos de familias muestran su desacuerdo con las actuaciones de unos servicios de
protección del menor que no creen en la familia porque no dudan en romperla si así lo decide
un técnico. Ya se cuentan por docenas las durísimas sentencias contra las prácticas de la
Administración en este ámbito.
Como en el caso de los bebés robados, ¿tendremos que esperar 30 años para que todo esto
se investigue? ¿Habrá que esperar a que todos estos niños hoy separados de sus orígenes
sean adultos y empiecen a buscar?— Francisco Cárdenas. Presidente de Aprodeme.
Dos niñas de Jaén atrapadas entre una sentencia y los servicios sociales
Las niñas tienen cinco y siete años. La Junta de Andalucía las apartó de su familia en octubre de 2008 al entender que no estaban bien atendidas en sus necesidades básicas. Decretó desamparo. Una sentencia firme de la Audiencia Provincial de 2010 -contra la que no cabe recurso- revocó el desamparo. La Justicia acordó que había que «comenzar a reintegrar a las menores con su madre biológica». En junio pasado, la Audiencia rechazó la última posibilidad legal que tenía la Junta para impedir que las menores vuelvan con su familia: rechazó un recurso contra la ejecución de la sentencia y ordenó que continuase el proceso de vuelta a casa de las menores, actualmente acogidas por una familia en otra provincia. La Junta argumentó que devolver a las menores a su ambiente sería perjudicial para las niñas. Cuatro meses después del auto judicial de ejecución de sentencia aún no se las han devuelto a su familia. «Ni siquiera les puedo decir que soy su madre cuando voy a verlas a un punto de encuentro», ha dicho Cándida, la madre. «En un estado de derecho las sentencias judiciales hay que cumplirlas. No se puede quitarle los niños a una madre por ser pobre», clama el letrado Amando Moreno, que la representa.
Saludos.
Desde la Asociación de Seguimiento y Apoyo a personas Presas en Aragón os hacemos llegar una nota de prensa informativa al respecto de la denuncia (así como el texto íntegro de la misma) que nos hemos visto en la obligación de interponer ante la fiscalía de menores y el Justicia de Aragón al final de esta pasada semana.
La interposición de la denuncia trae causa de una serie de situaciones relativas a la gestión de centros de protección de menores y a la gestión del CEIMJ Juslibol que han llegado a nuestro conocimiento y que pueden vulnerar gravemente la vigente legislación protectora de menores.
Rogamos la máxima difusión.
A.S.A.P.A
C/Barrioverde nº 10, local
50002 Zaragoza
Telf/Fax 976399670
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A día de hoy, ser un menor de edad protegido o tutelado por el Sistema de Protección de Menores del Gobierno de Aragón representa, sin lugar a dudas, un factor de riesgo en muchos casos. En otros, lamentablemente, podemos hablar de menores que, pese encontrarse tutelados por la administración
pública, están en situación de desamparo.
Ley 12/2001 de la Infancia y la Adolescencia en Aragón:
Artículo 56 –Situación de riesgo.
Se consideran situaciones de riesgo aquéllas en las que, por circunstancias personales o sociofamiliares, se ven obstaculizados el desarrollo integral del niño o adolescente y el ejercicio de sus derechos (…)
Artículo 59 –Situación de desamparo.
1. Se considera situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral y material.
En los Centros de Protección de Menores de Aragón se dan, a día de hoy, casos de inadecuación absoluta del tipo de centro a los perfiles y necesidades de los menores, inadecuación que provoca situaciones de claro maltrato institucional. Precariedad en los equipos educativos, a veces escasamente profesionalizados, muy a menudo carentes del personal necesario para la atención inmediata de los menores. Se siguen dando casos de menores inmigrantes que, incumpliendo la legalidad vigente en materia de extranjería, abandonan el sistema de menores al cumplir los 18 años y se encuentran en la calle sin haberse regularizado su situación (como manda la ley) o con un permiso de residencia que no les autoriza a trabajar. No existen centros especializados para determinados perfiles y muchos menores son derivados a centros de perfil psiquiátrico o terapéutico de adultos.
Es en este escenario en el que ASAPA ha denunciado (ver adjunto) ante el Fiscal de Menores y ante el Justicia de Aragón la nueva iniciativa política del actual gobierno, supuesto garante de los derechos de los menores acogidos en centros.
Se ha puesto en conocimiento de esta asociación la intención del actual gobierno de reducir la financiación de estos centros de menores entre un 10 y un 30%. Dadas las características de estos centros, es difícil aplicar ese recorte sin recortar las plantillas que atienden a los menores o sin que los proyectos educativos se vean gravemente deteriorados. Más aún, teniendo en cuenta que ya hace tiempo que la administración dejó de considerar algunos conceptos derivados del cuidado de los menores como gastos propios para transferirlos a las empresas adjudicatarias de los centros (cabe recordar que casi la totalidad de los centros de menores de la comunidad son gestionados por empresas privadas): hablamos de campamentos de verano, dentistas, libros de texto, ropa…
Si es imposible que las entidades adjudicatarias de los Centros de Menores atiendan dignamente a las necesidades de los menores, según los parámetros fijados por la legalidad vigente que se cita en la denuncia ¿qué cabe decir de los centros de menores a los que la administración no paga desde hace meses (más de 6 en algún caso)? ¿Qué sucedería si un padre no pagara la comida, el colegio o el vestido de sus hijos? Que el Servicio de Protección de menores le retiraría la tutela de sus hijos y estos pasarían a vivir en un centro de menores. ¿Y qué pasa cuando esto mismo lo hace el Gobierno de Aragón? No pasa nada, ya que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales no parece sentirse obligado a respetar la legalidad como el resto de ciudadanos e instituciones.
Ante estos hechos y otros que se detallan en la denuncia adjunta (con fecha de 31 de agosto de 2012), ASAPA denuncia esta situación ante las autoridades competentes y demanda:
Que se investiguen desde la Fiscalía y el Justicia los hechos expuestos en la denuncia. Que se promuevan las acciones necesarias para garantizar los derechos de los menores y que reciben un trato adecuado a sus necesidades. Que se promuevan las acciones necesarias para garantizar que la administración pública cumple con sus obligaciones legales para con los menores tutelados, en guarda o sin medida administrativa que tiene acogidos en sus centros. Que se realice una supervisión ajena a la estructura del servicio de menores (a desempeñar por la Fiscalía y el Justicia) sobre todos los centros de protección de menores y de cumplimiento de medida judicial de la comunidad. Siendo necesario para una supervisión con garantías:
– Que las visitas a los centros se realicen por sorpresa (hasta la fecha los supervisores avisan del día y la hora de estas visitas).
– Que en dichas visitas los supervisores se entrevisten con menores y educadores de los centro en privado, sin presencia de representantes de la institución, siendo el contenido de dichas entrevistas confidencial (algo que hasta la fecha no se ha dado).
– Que el resultado de dicha supervisión se haga público de manera periódica (algo que hasta la fecha no se ha dado).
ASAPA. Zaragoza, a 5 de septiembre de 2012
Denuncia Asapa Septiembre 2012 nota prensa denuncia agosto 2012 menores
Una Asociación que trabaja por el respeto a los derechos del menor y de sus familias 