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Interesante sentencia

 La Administración se ampara en el “el interés del menor” para justificar cualquier decisión: una o  la contraria. Primero se toma la decisión y luego se justifica. Y esto es lo que la Sentencia critica. 

Esta sentencia del Tribunal Supremo establece aspectos como: “la sentencia recurrida no tiene en cuenta más que de forma retórica, el interés del menor”, “se invoca a los simples efectos introductorios, el criterio del interés del menor, que se identifica en los textos que se citan y que según la sentencia recurrida constituyen “cita obligada”, pero no se aplica ningún criterio integrador del interés …”,  “ni se explica por qué considera que dicho interés está bien protegido…”

 

 Ver comentario entero             Click aquí para ver la sentencia: TS Sentencia 25mayo2012

 

 

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El acogimiento de menores

Publicado el 10 de mayo en El Punt Avui:

Este diario publicaba recientemente unas declaraciones de la directora del ICAA (Instituto Catalán del Acogimiento y la Adopción)  en la que se indicaba que 300 menores buscan un hogar que los acoja temporalmente mientras puedan volver con su familia. Sorprende que en una sociedad como la nuestra, tan solidaria en tantos otros aspectos, no lo sea tanto en este, y los niños tengan que permanecer en centros. De una manera recurrente nuestros políticos hacen declaraciones de este tipo, pero la verdad es que después se avanza poco.

Ahora, un menor ingresado en un centro cuesta a la Administración, como mínimo, 4.000 euros cada mes. Hay entramados complejos de fundaciones, asociaciones... que gestionan estos centros, y lo que es peor: no cumplen su función teórica de conseguir que el menor se reintegre a la familia o llegue a la mayoría de edad con una formación y preparación adecuadas.

Reconociendo la importante labor y dedicación de muchas familias acogedoras de menores, también es cierto que muchas otras se sienten maltratadas por la administración que, más allá de buenas intenciones, no cree que el mejor lugar para un menor es su familia.

Muchas cosas hay que cambiar en este país en relación a la protección de nuestros menores. El excesivo poder de unos técnicos, por encima incluso de los jueces. Procedimientos obsoletos y estructuras poco transparentes. Así lo comprobamos diariamente con los cientos de reclamaciones de familias afectadas que APRODEME recibe.

Ojalá las próximas declaraciones al respecto sean para decir que ningún menor está en un centro. Si de verdad se cree, será posible.

Click aquí para ver publicación original:  PuntAvui 10 mayo 2013

PuntAvui 10 mayo 2013

Amor por unos niños…. de acogida

Esta es la historia de una familia que acogió a dos niños tras su nacimiento, que los cuidó y los amó como se ama a cualquier niño en su familia. Es la historia de dos niños que no conocieron el desamparo hasta la edad de un año en que fueron separados de su familia de acogida. Es la historia de una larga lucha judicial para alcanzar el respeto a los derechos de unos niños, contada por una madre de acogida.  (varios enlaces al final del testimonio permiten ampliar la información)

Soy una madre de acogida y en junio de 2009 inicié, junto a mi familia, el acogimiento temporal de dos gemelos recién nacidos prematuros. Tras casi un año de acogimiento sin ninguna visita de los niños a sus familiares biológicos y tras conocer su condición de adoptabilidad, solicitamos su adopción por considerarlo lo más beneficioso para ellos. El SPM se negó a permitir que los niños permaneciesen con nosotros y nos obligaron a ingresar a los niños en un centro de menores, en junio de 2010, bajo amenazas de incurrir en delitos penales. Iniciamos un proceso judicial que en junio de 2010 desestimó las medidas cautelares urgentes en las que pedíamos que los niños estuviesen con nosotros mientras se sustanciaba el pleito. Por este motivo, los niños permanecieron ingresados en el centro de menores durante casi siete meses, recibiendo nuestras visitas dos veces a la semana durante una hora cada vez. Paralelamente iniciaron contactos con una desconocida familia que escogieron para adoptarlos, a la que permitieron visitas y salidas del centro. En diciembre de 2010 se dictó sentencia en primera instancia desestimando nuestra petición de adopción y los niños abandonaron el centro e iniciaron la convivencia en acogimiento provisional con la familia escogida para su adopción, siendo suspendidas las visitas con nosotros.

Recurrimos en apelación la sentencia que nos denegaba la adopción de los niños, siendo de nuevo desestimada y recurrida por infracción procesal y casación ante el Tribunal Supremo, pendiente actualmente de admisión.

La suspensión de visitas fue impugnada también judicialmente y desestimada en primera y segunda instancia por lo que se encuentra actualmente recurrida por infracción procesal y casación ante el Tribunal Supremo, pendiente de admisión.

Por otro lado, en enero de 2010, mientras los niños estaban conviviendo con nosotros e intuyendo su cercana condición de adoptabilidad, iniciamos el proceso de obtención de idoneidad para la adopción que otorga el mismo organismo en el que se tramitan los acogimientos y las adopciones. Nuestro certificado de idoneidad fue paralizado en julio de 2010 (los niños estaban ya ingresados en centro) sin resultado acerca de nuestra idoneidad. Estuvo paralizado durante casi dos años hasta mayo de 2012 en que los técnicos del SPM accedieron a pronunciarse acerca de nuestra idoneidad, emitiendo resolución con resultado de “no idoneidad” en agosto de 2012. La resolución fue impugnada obteniendo sentencia estimatoria que nos declaró idóneos para la adopción el pasado 7 de marzo de 2013 y condenó en costas al SPM.

Paralelamente, en octubre de 2011 solicitamos la adopción de los niños directamente al juzgado por la vía de la jurisdicción voluntaria que fue inadmitida a trámite por el juzgado de primera instancia y admitida a trámite por la Audiencia Provincial, en abril de 2012, siendo devueltos los autos al juzgado de primera instancia para seguir su curso. El procedimiento fue suspendido a la espera de la resolución acerca de nuestra idoneidad como adoptantes que, actualmente, se encuentra resuelta en primera instancia aunque no es firme.

En este punto nos encontramos, a la espera de la resolución del procedimiento de adopción. He tratado de ser lo más sintética posible aunque no he reprimido el lenguaje jurídico ya que quienes leemos este tipo de páginas estamos ya, desgraciadamente, bastante introducidos en el vocabulario jurídico. Así, el juez está a punto de pronunciarse, o debería hacerlo, acerca de la adopción que solicitamos, como adoptantes, siendo los adoptandos los dos niños que tuvimos en acogimiento.

En este momento hace más de dos años que no tenemos ningún contacto con los niños que tuvimos en acogimiento y el mismo tiempo que llevan viviendo con sus actuales acogedores. La gente de nuestro entorno conoce lo ocurrido y en líneas generales obtenemos su apoyo. Pero surgen voces discordantes que, por mi parte, no puedo dejar de escuchar. La voz más audible de todas me dice: ¡Ha pasado mucho tiempo¡ Otras voces aseguran:  Los niños no son tuyos, las voces más mezquinas, aunque afortunadamente más infrecuentes, me gritan: No merecen tu esfuerzo! y por último y muy en relación con el anterior argumento, quienes me conocen muy poco, piensan que lucho por un enfrentamiento personal con alguien, por salirme con la mía, ganar, tener fama o algo por el estilo que no puedo precisar con exactitud y me dicen: Es usted una luchadora, ¿no?!

A todos ellos, les contesto con mis mejores y estudiados argumentos y con mi opinión personal.

La nueva Ley del Menor

Tras el paso por el Senado de muchos expertos y responsables políticos ya está listo el anteproyecto de Ley de Protección  a la Infancia. Aunque tiene algún aspecto positivo (se reducen los plazos para consolidar situaciones de adopción con lo que la administración dispone de menos tiempo para hacer sus barbaridades), este anteproyecto consolida el poder de los técnicos:

Frente a los países de nuestro entorno (Francia, Italia, Portugal, Inglaterra) en que la declaración de desamparo se realiza en sede judicial, aquí se favorece una mayor desjudicialización, incrementando las prerrogativas de la entidad administrativa.

En la práctica, esto se traduce en que profesionales ajenos al ámbito jurídico asumen tareas judiciales, lo que supone la rebaja o la desaparición de las garantías jurídicas (tal como existen en el derecho penal y sancionador): la presunción de inocencia, el derecho de defensa o el contraste de las pruebas. La consecuencia es que estamos ante un derecho de segunda clase y se incrementa la posibilidad de abusos y de arbitrariedad.”

El comentario es de Javier Martín, psicólogo y técnico de menores en Galicia, que acaba justificando las incongruencias de la Ley y pidiendo su replanteamiento.

Ver comentarios completos:

COMENTARIOS ANTEPROYECTO LEY INFANCIA

 Anteproyecto ley ordinaria menores–8-07-11

 

El pasado de los adoptados

La directora del ICA (Instituto Catalán de Adopción) anunciaba recientemente que se están estudiando protocolos para que los niños adoptados conozcan su origen y su pasado. Sorprende que se hable ahora de ello, cuando es algo a lo que todos los adoptantes se comprometen en su momento, incluso por escrito, y así se hace en la práctica habitual. Y sorprende más cuando la propia administración no duda en anular años en la vida de muchos menores, arrancarlos de sus realidades, arrebatarles su pasado, tal y como muchas organizaciones y el propio Defensor del Pueblo se han encargado de denunciar.

Bienvenida esta iniciativa, pero esperamos también la reforma en los protocolos de actuación de los técnicos responsables de menores.
 
Cuando se hace daño a un menor es un síntoma de que la crisis que atravesamos no es sólo económica.

Carta publicada en La Vanguardia el 7 de septiembre de 2011

El asalto institucional a los menores tutelados

Artículo escrito por  Deborah Infantes
 
Acabo de encontrarme con el artículo publicado por J. L. Calvo, portavoz de Prodeni, que denuncia “el robo institucional de niños” que me ha suscitado la necesidad de poner en conocimiento de la ciudadanía el otro grave problema que afecta a un numeroso grupo de menores tutelados por los sistemas de protección de menores de casi todas las comunidades autónomas.

Lamentablemente los sistemas de protección de menores son necesarios porque existen menores que necesitan ser protegidos por la administración pública, motivo por el cual las instituciones asumen la tutela de esos menores y establecen un régimen de acogimiento familiar para ellos. Hasta aquí todo es correcto. Los problemas suelen surgir cuando esos acogimientos se prolongan sin que los menores tengan relación alguna con sus familiares biológicos dando lugar a situaciones de estabilidad afectiva para los menores pero, a la vez, de vulnerabilidad y precariedad jurídica que, en no pocas ocasiones, las administraciones aprovechan para modificar las medidas de protección de esos menores, obligándoles a abandonar su mundo, despreciando sus necesidades afectivas y ninguneando a sus acogedores.

Ante tales abusos administrativos, muchas de las familias de acogida se ven obligadas a acudir a los tribunales para defender los derechos de sus hijos acogidos, “hijos de hecho”, recibiendo un trato despreciativo y vejatorio por parte de la administración y siendo acusados de acogedores fracasados y otras lindezas de las que no les queda más remedio que defenderse. Incomprensiblemente, una vez llegado el asunto a los tribunales, jueces y fiscales se ponen incondicionalmente de parte de la administración, encontrándose los acogedores inermes para conseguir que los derechos de los menores sean respetados, niños a los que se roba TODO: su familia, sus afectos, su vida, su pasado y hasta su memoria. Incomprensiblemente, jueces y fiscales permiten que la administración imponga sus criterios sin definir cuál es el “Interés Superior” del menor en cuestión. Es éste un concepto, cada vez menos abstracto, al que las instituciones no se atreven ni a referir cuando es su obligación respetarlo por encima de todo.

Algunos de estos casos que han saltado a los titulares son el de Piedad en las Islas Canarias, el niño del Royo (Soria), la hija de Francisco Cárdenas en Cataluña, Llanos de la Comunidad castellano-manchega, los gemelos de Mallorca y recientemente Marga también de Mallorca. Algunos de estos niños han pasado por la cruda experiencia de permanecer en un centro de menores y otros por la de iniciar una convivencia con desconocidos, sin que en ningún momento hubiesen sufrido una situación de desprotección. La tutela administrativa ha supuesto para ellos una verdadera lacra. Sin embargo, son muchos más los casos que no se denuncian, casos en que los acogedores se rinden, comprensiblemente, ante la aplastante agresión de la administración.

Ciertamente, las instituciones consideran estos casos un fracaso del sistema, pero lo valoran cínicamente en términos estadísticos, donde consideran un éxito aquellos casos en que consiguen doblegar a los acogedores a pesar de su discrepancia. Esos niños que han sufrido desarraigos con importantes riesgos de padecer trastornos psiquiátricos graves no son para las administraciones nada más que números que, en términos porcentuales, no son tan negativos. 
Es un problema grave que, incluso, va a afectar muy negativamente a la puesta en marcha de la nueva ley del menor, puesto que las potenciales familias de acogida que requiere la nueva estructuración del sistema de protección de menores, se pueden achantar ante la posibilidad de recibir el trato vejatorio que han recibido otros acogedores.

Así, corremos el peligro de que la creciente necesidad de familias de acogida no tenga la respuesta social que se espera de una sociedad solidaria, como es la nuestra, por culpa de unas instituciones que lejos de agradecer a esas familias la función que realizan, las maltrata y humilla sin miramientos en cuanto se permiten discrepar de sus criterios. Y mucho más que eso, las familias de acogida no están dispuestas a ver cómo sus hijos acogidos terminan abandonados en un centro de menores o conviviendo con desconocidos, después de haberse desvivido para que esos niños tuviesen una vida normalizada y para que el abandono sufrido en su familia de origen se viese amparado en el calor de su familia.
Hay que destacar que en dos de los casos llegados a los tribunales, sí se ha contemplado el “Interés Superior del Menor”: uno es el que sienta la doctrina del TS 565/2009 en que se valoró la vinculación afectiva de una menor con su familia acogedora como de mayor interés para ella que el retorno a su familia biológica y otro es el reciente del Juzgado de 1ª instancia nº 29 de Madrid en que se valoró del interés de una menor huérfana el ser adoptada por su familia de acogida temporal por la vinculación afectiva alcanzada en ella. Otras sentencias recientes, sin embargo, evitan mencionar el “Interés Superior” del menor y otras lo desprecian explícitamente dando más valor al supuesto mal comportamiento de los acogedores alegado por la administración, aunque sin demostración alguna.

Por último, quiero expresar mi más contundente repulsa hacia el comportamiento de esas familias, no biológicas, que defienden su “supuesto” derecho a ser padres adoptivos de un niño, prestándose a acogerlo, a pesar de saber que ha sido arrancado de su familia de acogida previa, sin motivo que sea del interés del niño.