¿Qué hacer cuando la Administración está por encima de todo: de la felicidad de unos niños, de las resoluciones judiciales…?

Dos niñas de Jaén atrapadas entre una sentencia y los servicios sociales

Las niñas tienen cinco y siete años. La Junta de Andalucía las apartó de su familia en octubre de 2008 al entender que no estaban bien atendidas en sus necesidades básicas. Decretó desamparo. Una sentencia firme de la Audiencia Provincial de 2010 -contra la que no cabe recurso- revocó el desamparo. La Justicia acordó que había que «comenzar a reintegrar a las menores con su madre biológica». En junio pasado, la Audiencia rechazó la última posibilidad legal que tenía la Junta para impedir que las menores vuelvan con su familia: rechazó un recurso contra la ejecución de la sentencia y ordenó que continuase el proceso de vuelta a casa de las menores, actualmente acogidas por una familia en otra provincia. La Junta argumentó que devolver a las menores a su ambiente sería perjudicial para las niñas. Cuatro meses después del auto judicial de ejecución de sentencia aún no se las han devuelto a su familia. «Ni siquiera les puedo decir que soy su madre cuando voy a verlas a un punto de encuentro», ha dicho Cándida, la madre. «En un estado de derecho las sentencias judiciales hay que cumplirlas. No se puede quitarle los niños a una madre por ser pobre», clama el letrado Amando Moreno, que la representa.

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Denuncia de la gestión en centros de menores

Saludos.
Desde la Asociación de Seguimiento y Apoyo a personas Presas en Aragón os hacemos llegar una nota de prensa informativa al respecto de la denuncia (así como el texto íntegro de la misma) que nos hemos visto en la obligación de interponer ante la fiscalía de menores y el Justicia de Aragón al final de esta pasada semana.
La interposición de la denuncia trae causa de una serie de situaciones relativas a la gestión de centros de protección de menores y a la gestión del CEIMJ Juslibol que han llegado a nuestro conocimiento y que pueden vulnerar gravemente la vigente legislación protectora de menores.
Rogamos la máxima difusión.

A.S.A.P.A
C/Barrioverde nº 10, local
50002 Zaragoza
Telf/Fax 976399670

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A día de hoy, ser un menor de edad protegido o tutelado por el Sistema de Protección de Menores del Gobierno de Aragón representa, sin lugar a dudas, un factor de riesgo en muchos casos. En otros, lamentablemente, podemos hablar de menores que, pese encontrarse tutelados por la administración
pública, están en situación de desamparo.

Ley 12/2001 de la Infancia y la Adolescencia en Aragón:
Artículo 56 –Situación de riesgo.
Se consideran situaciones de riesgo aquéllas en las que, por circunstancias personales o sociofamiliares, se ven obstaculizados el desarrollo integral del niño o adolescente y el ejercicio de sus derechos (…)
Artículo 59 –Situación de desamparo.
1. Se considera situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral y material.

En los Centros de Protección de Menores de Aragón se dan, a día de hoy, casos de inadecuación absoluta del tipo de centro a los perfiles y necesidades de los menores, inadecuación que provoca situaciones de claro maltrato institucional. Precariedad en los equipos educativos, a veces escasamente profesionalizados, muy a menudo carentes del personal necesario para la atención inmediata de los menores. Se siguen dando casos de menores inmigrantes que, incumpliendo la legalidad vigente en materia de extranjería, abandonan el sistema de menores al cumplir los 18 años y se encuentran en la calle sin haberse regularizado su situación (como manda la ley) o con un permiso de residencia que no les autoriza a trabajar. No existen centros especializados para determinados perfiles y muchos menores son derivados a centros de perfil psiquiátrico o terapéutico de adultos.
Es en este escenario en el que ASAPA ha denunciado (ver adjunto) ante el Fiscal de Menores y ante el Justicia de Aragón la nueva iniciativa política del actual gobierno, supuesto garante de los derechos de los menores acogidos en centros.

Se ha puesto en conocimiento de esta asociación la intención del actual gobierno de reducir la financiación de estos centros de menores entre un 10 y un 30%. Dadas las características de estos centros, es difícil aplicar ese recorte sin recortar las plantillas que atienden a los menores o sin que los proyectos educativos se vean gravemente deteriorados. Más aún, teniendo en cuenta que ya hace tiempo que la administración dejó de considerar algunos conceptos derivados del cuidado de los menores como gastos propios para transferirlos a las empresas adjudicatarias de los centros (cabe recordar que casi la totalidad de los centros de menores de la comunidad son gestionados por empresas privadas): hablamos de campamentos de verano, dentistas, libros de texto, ropa…
Si es imposible que las entidades adjudicatarias de los Centros de Menores atiendan dignamente a las necesidades de los menores, según los parámetros fijados por la legalidad vigente que se cita en la denuncia ¿qué cabe decir de los centros de menores a los que la administración no paga desde hace meses (más de 6 en algún caso)? ¿Qué sucedería si un padre no pagara la comida, el colegio o el vestido de sus hijos? Que el Servicio de Protección de menores le retiraría la tutela de sus hijos y estos pasarían a vivir en un centro de menores. ¿Y qué pasa cuando esto mismo lo hace el Gobierno de Aragón? No pasa nada, ya que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales no parece sentirse obligado a respetar la legalidad como el resto de ciudadanos e instituciones.

Ante estos hechos y otros que se detallan en la denuncia adjunta (con fecha de 31 de agosto de 2012), ASAPA denuncia esta situación ante las autoridades competentes y demanda:
Que se investiguen desde la Fiscalía y el Justicia los hechos expuestos en la denuncia. Que se promuevan las acciones necesarias para garantizar los derechos de los menores y que reciben un trato adecuado a sus necesidades. Que se promuevan las acciones necesarias para garantizar que la administración pública cumple con sus obligaciones legales para con los menores tutelados, en guarda o sin medida administrativa que tiene acogidos en sus centros. Que se realice una supervisión ajena a la estructura del servicio de menores (a desempeñar por la Fiscalía y el Justicia) sobre todos los centros de protección de menores y de cumplimiento de medida judicial de la comunidad. Siendo necesario para una supervisión con garantías:
– Que las visitas a los centros se realicen por sorpresa (hasta la fecha los supervisores avisan del día y la hora de estas visitas).
– Que en dichas visitas los supervisores se entrevisten con menores y educadores de los centro en privado, sin presencia de representantes de la institución, siendo el contenido de dichas entrevistas confidencial (algo que hasta la fecha no se ha dado).
– Que el resultado de dicha supervisión se haga público de manera periódica (algo que hasta la fecha no se ha dado).

ASAPA. Zaragoza, a 5 de septiembre de 2012

Denuncia Asapa Septiembre 2012           nota prensa denuncia agosto 2012 menores

Se consagra la indefensión ante las actuaciones de la Administración

En la legislatura anterior quedó pendiente la reforma de la ley de protección del menor, que ahora se retoma. En la propuesta todavía se da más poder a los técnicos para decidir sobre la vida de los menores, sin pasar por un juez.

El grave problema, entre otros, de esta reforma es que así como nuestro sistema judicial tiene garantías de defensa, apelación de sentencias que consideremos injustas, etc… eso no ocurre frente a decisiones de la Administración. Un funcionario podrá examinar, decidir y ejecutar una medida como la retirada de un menor de una familia y su pase a otra, sin que los adultos afectados tengan derecho real de defensa.

“Los niños son nuestros y nosotros decidimos”. Esa frase que tantas familias hemos oído en boca de funcionarios será cada vez más verdad.

Ver noticia

APRODEME continúa la denuncia…

En APRODEME seguimos preparando la denuncia conjunta en los tribunales contra un sistema de protección de menores que no funciona. Hemos tenido reuniones con varios equipos de abogados. Muchas personas ya han manifestado su interés en participar. Los que no lo hayan hecho aún pueden dirigirse a : asociaciondefensamenores@gmail.com

Paralelamente, en los últimos días se han realizado estas acciones:

– Presentación en Fiscalía de Menores de Barcelona de una denuncia pidiendo investigación e intervención

-Presentación de un escrito-denuncia al Síndic de Greuges pidiendo investigación e intervención. (estos dos últimos escritos estarán en breve disponibles para presentarlos en otras instancias)

– Elaboración de un documento de propuestas de mejora, fruto de la participación de afectados, abogados…

– Reuniones en el Colegio de Abogados, con Fundaciones que trabajan con niños, con colectivos de juristas, para establecer colaboraciones.

– Reuniones y otros contactos con expertos e investigadores

– Reuniones y contactos con prensa y preparación de varias iniciativas

– Reuniones con diversos representantes de la Administración

En septiembre reemprenderemos las manifestaciones ante la Administración.

Nos ha dejado Florentina Gragera Simó

Florentina Gragera, Tina, nos ha dejado. Su primer contacto con la Asociación fue en mayo del 2010. Denunciaba que fue a pedir ayuda a los servicios sociales en Cataluña y no solo no recibió la ayuda. Le quitaron a sus hijos. Aunque su lucha ya venía de mucho antes (ver noticia del 2008 en la que iniciaba una huelga de hambre).

Ha sido una de las personas más activas en Aprodeme. En la última manifestación ante la DGAIA escribió un correo electrónico excusando su presencia por enfermedad, pero asegurando que en la próxima estaría. La situación que vivía es la misma por la que tantas otras familias han de pasar si caen en manos de la Administración de menores. La prensa se hizo eco, en una de estas concentraciones, de su situación (ver noticia en prensa)

Luchaba por recuperar la convivencia con sus hijos. Un sistema injusto le privó de ello. Los que la conocimos podemos dar fe de cuánto quería a sus hijos, cómo luchaba por ellos.

Y nuestro mejor homenaje a Tina será seguir en la lucha, denunciando este sistema que necesita cambios urgentes.

Seguimos avanzando en la denuncia

Atención afectados en Catalunya:

APRODEME ha presentado ya unos  escritos en Fiscalía de Menores y en el Síndic de Greuges exponiendo cómo actúa la Administración responsable, y pidiendo la investigación y en su caso intervención de estas instituciones. Este escrito se irá ahora presentando en el resto de Comunidades Autónomas.

Seguimos preparando la denuncia conjunta contra el sistema. Los que estén interesados y todavía no lo hayan hecho, que por favor envíen un mail a la Asociación manifestando su interés. Cada vez somos más!

asociaciondefensamenores@gmail.com