Tras el paso por el Senado de muchos expertos y responsables políticos ya está listo el anteproyecto de Ley de Protección  a la Infancia. Aunque tiene algún aspecto positivo (se reducen los plazos para consolidar situaciones de adopción con lo que la administración dispone de menos tiempo para hacer sus barbaridades), este anteproyecto consolida el poder de los técnicos:

«Frente a los países de nuestro entorno (Francia, Italia, Portugal, Inglaterra) en que la declaración de desamparo se realiza en sede judicial, aquí se favorece una mayor desjudicialización, incrementando las prerrogativas de la entidad administrativa.

En la práctica, esto se traduce en que profesionales ajenos al ámbito jurídico asumen tareas judiciales, lo que supone la rebaja o la desaparición de las garantías jurídicas (tal como existen en el derecho penal y sancionador): la presunción de inocencia, el derecho de defensa o el contraste de las pruebas. La consecuencia es que estamos ante un derecho de segunda clase y se incrementa la posibilidad de abusos y de arbitrariedad.»

El comentario es de Javier Martín, psicólogo y técnico de menores en Galicia, que acaba justificando las incongruencias de la Ley y pidiendo su replanteamiento.

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COMENTARIOS ANTEPROYECTO LEY INFANCIA

 Anteproyecto ley ordinaria menores–8-07-11

La directora del ICA (Instituto Catalán de Adopción) anunciaba recientemente que se están estudiando protocolos para que los niños adoptados conozcan su origen y su pasado. Sorprende que se hable ahora de ello, cuando es algo a lo que todos los adoptantes se comprometen en su momento, incluso por escrito, y así se hace en la práctica habitual. Y sorprende más cuando la propia administración no duda en anular años en la vida de muchos menores, arrancarlos de sus realidades, arrebatarles su pasado, tal y como muchas organizaciones y el propio Defensor del Pueblo se han encargado de denunciar.

Carta publicada en La Vanguardia el 7 de septiembre de 2011

Artículo escrito por  Deborah Infantes
 
Acabo de encontrarme con el artículo publicado por J. L. Calvo, portavoz de Prodeni, que denuncia “el robo institucional de niños” que me ha suscitado la necesidad de poner en conocimiento de la ciudadanía el otro grave problema que afecta a un numeroso grupo de menores tutelados por los sistemas de protección de menores de casi todas las comunidades autónomas.

Lamentablemente los sistemas de protección de menores son necesarios porque existen menores que necesitan ser protegidos por la administración pública, motivo por el cual las instituciones asumen la tutela de esos menores y establecen un régimen de acogimiento familiar para ellos. Hasta aquí todo es correcto. Los problemas suelen surgir cuando esos acogimientos se prolongan sin que los menores tengan relación alguna con sus familiares biológicos dando lugar a situaciones de estabilidad afectiva para los menores pero, a la vez, de vulnerabilidad y precariedad jurídica que, en no pocas ocasiones, las administraciones aprovechan para modificar las medidas de protección de esos menores, obligándoles a abandonar su mundo, despreciando sus necesidades afectivas y ninguneando a sus acogedores.

Ante tales abusos administrativos, muchas de las familias de acogida se ven obligadas a acudir a los tribunales para defender los derechos de sus hijos acogidos, “hijos de hecho”, recibiendo un trato despreciativo y vejatorio por parte de la administración y siendo acusados de acogedores fracasados y otras lindezas de las que no les queda más remedio que defenderse. Incomprensiblemente, una vez llegado el asunto a los tribunales, jueces y fiscales se ponen incondicionalmente de parte de la administración, encontrándose los acogedores inermes para conseguir que los derechos de los menores sean respetados, niños a los que se roba TODO: su familia, sus afectos, su vida, su pasado y hasta su memoria. Incomprensiblemente, jueces y fiscales permiten que la administración imponga sus criterios sin definir cuál es el “Interés Superior” del menor en cuestión. Es éste un concepto, cada vez menos abstracto, al que las instituciones no se atreven ni a referir cuando es su obligación respetarlo por encima de todo.

Algunos de estos casos que han saltado a los titulares son el de Piedad en las Islas Canarias, el niño del Royo (Soria), la hija de Francisco Cárdenas en Cataluña, Llanos de la Comunidad castellano-manchega, los gemelos de Mallorca y recientemente Marga también de Mallorca. Algunos de estos niños han pasado por la cruda experiencia de permanecer en un centro de menores y otros por la de iniciar una convivencia con desconocidos, sin que en ningún momento hubiesen sufrido una situación de desprotección. La tutela administrativa ha supuesto para ellos una verdadera lacra. Sin embargo, son muchos más los casos que no se denuncian, casos en que los acogedores se rinden, comprensiblemente, ante la aplastante agresión de la administración.

Ciertamente, las instituciones consideran estos casos un fracaso del sistema, pero lo valoran cínicamente en términos estadísticos, donde consideran un éxito aquellos casos en que consiguen doblegar a los acogedores a pesar de su discrepancia. Esos niños que han sufrido desarraigos con importantes riesgos de padecer trastornos psiquiátricos graves no son para las administraciones nada más que números que, en términos porcentuales, no son tan negativos. 
Es un problema grave que, incluso, va a afectar muy negativamente a la puesta en marcha de la nueva ley del menor, puesto que las potenciales familias de acogida que requiere la nueva estructuración del sistema de protección de menores, se pueden achantar ante la posibilidad de recibir el trato vejatorio que han recibido otros acogedores.

Así, corremos el peligro de que la creciente necesidad de familias de acogida no tenga la respuesta social que se espera de una sociedad solidaria, como es la nuestra, por culpa de unas instituciones que lejos de agradecer a esas familias la función que realizan, las maltrata y humilla sin miramientos en cuanto se permiten discrepar de sus criterios. Y mucho más que eso, las familias de acogida no están dispuestas a ver cómo sus hijos acogidos terminan abandonados en un centro de menores o conviviendo con desconocidos, después de haberse desvivido para que esos niños tuviesen una vida normalizada y para que el abandono sufrido en su familia de origen se viese amparado en el calor de su familia.
Hay que destacar que en dos de los casos llegados a los tribunales, sí se ha contemplado el «Interés Superior del Menor»: uno es el que sienta la doctrina del TS 565/2009 en que se valoró la vinculación afectiva de una menor con su familia acogedora como de mayor interés para ella que el retorno a su familia biológica y otro es el reciente del Juzgado de 1ª instancia nº 29 de Madrid en que se valoró del interés de una menor huérfana el ser adoptada por su familia de acogida temporal por la vinculación afectiva alcanzada en ella. Otras sentencias recientes, sin embargo, evitan mencionar el “Interés Superior” del menor y otras lo desprecian explícitamente dando más valor al supuesto mal comportamiento de los acogedores alegado por la administración, aunque sin demostración alguna.

Por último, quiero expresar mi más contundente repulsa hacia el comportamiento de esas familias, no biológicas, que defienden su “supuesto” derecho a ser padres adoptivos de un niño, prestándose a acogerlo, a pesar de saber que ha sido arrancado de su familia de acogida previa, sin motivo que sea del interés del niño.