En la legislatura anterior quedó pendiente la reforma de la ley de protección del menor, que ahora se retoma. En la propuesta todavía se da más poder a los técnicos para decidir sobre la vida de los menores, sin pasar por un juez.
El grave problema, entre otros, de esta reforma es que así como nuestro sistema judicial tiene garantías de defensa, apelación de sentencias que consideremos injustas, etc… eso no ocurre frente a decisiones de la Administración. Un funcionario podrá examinar, decidir y ejecutar una medida como la retirada de un menor de una familia y su pase a otra, sin que los adultos afectados tengan derecho real de defensa.
«Los niños son nuestros y nosotros decidimos». Esa frase que tantas familias hemos oído en boca de funcionarios será cada vez más verdad.
Una Asociación que trabaja por el respeto a los derechos del menor y de sus familias 